En entrevista concedida a Telesur, Martínez indicó que la represión policial registrada este fin de semana originó lesiones a más de 70 jornaleros, de los cuales 25 se encuentran en estado de gravedad, y no han recibido atención médica hasta el momento, por lo que esta organización popular exige trato humano y atención inmediata.
Recordó que la agresión por parte de la policía comenzó alrededor de las 5:00 de la mañana del pasado sábado, cuando activaron una medida de hostigación contra los trabajadores del campo, con la finalidad de obligarlos a que volvieran a sus puestos de trabajo.
«Es una tristeza que el Gobierno reaccione de esta manera cuando es su obligación respetar los derechos de los trabajadores. Es una pena ver que los funcionarios tomen esa medida», cuestionó Martínez, al tiempo que señaló que el pasado viernes 5 de mayo los jornaleros tenían previsto una reunión con el subsecretario del Gobierno Federal, Luis Enrique Miranda Nava, a la que éste no asistió.
Al respecto, el integrante del Movimiento de Jornaleros lamentó la esa postura indolente e indiferente adoptada por el Gobierno: «Me atrevo a pensar que el Gobierno es el que tiene la culpa que se den estas situaciones y esos enfrentamientos, porque no tienen el interés de resolver ésto, si tuvieran el interés hubiesen llegado el día 8 de mayo», recalcó.
Los jornaleros mantienen una huelga desde el 17 de marzo, y salieron a las calles a protestar por la explotación, maltrato condiciones de semi esclavitud a la que son sometidos, especialmente niños y mujeres, y que aseguran se se vive en 19 estados del país.
El pasado sábado 9 de mayo, el vocero de la Alianza de Organizaciones de Jornaleros de San Quintín, Fidel Sánchez, señaló que las exigencias laborales, como el reconocimiento y pago de antigüedad, horas extras y pago justo a la jornada, no está fuera del marco legal, pero que son escatimados por los empresarios, en «complicidad con los sindicatos oficiales y las autoridades de los gobiernos federal y estatales», refiere Telesur.
Estos trabajadores agrícolas no son los únicos que mantienen las esperanzas de que el Gobierno le brinde solución a sus problemas, también están los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en Iguala, estado de Guerrero, quienes llevan ya más de siete meses sin conocer el paradero de sus hijos.
