La legislación define el patrimonio genético como «la información de origen genético de las especies vegetales, animal, microbios o especies de otra naturaleza, incluido las sustancias derivadas del metabolismo de estos seres vivos», indica la nota.
El nuevo instrumento legal, que reemplazará al que regulaba la materia desde 2011, busca fomentar el desarrollo, la investigación y la innovación estableciendo un marco legal para la explotación de la biodiversidad brasileña, declaró Rousseff en la ceremonia de rúbrica realizada en el Palacio de Planalto (sede de la Presidencia).
Entre otros aspectos, la norma reduce los trámites burocráticos que deben realizar las empresas para explotar los elementos naturales de la región contemplados como patrimonio genético.
Actualmente, las entidades deben entregar una documentación en la Junta de la Gestión del Patrimonio Genético (CGEN) y esperar la aprobación para iniciar los trabajos, pero con la disposición nueva, las organizaciones nacionales pueden hacer el registro por Internet, explica la reseña de Prensa Latina.
Organizaciones ambientales se han manifestado en contra del texto alegando que no solicita el consentimiento de los poseedores del conocimiento nativo (pequeños agricultores, campesinos, comunidades indígenas) para aprobar las investigaciones o explotaciones.
Además manifiestan inconformidad con el postulado que otorga a los órganos del Estado la administración de los beneficios generados por el uso comercial del material genético, a través de un fondo que se creará por ley, omitiendo la participación directa de los pueblos originarios.
Anteriormente las empresas no pagaban ningún tipo de retribución por la obtención de los productos genéticos, por lo tanto, la ley exime de la repartición de beneficios a las se hayan apropiado del patrimonio antes de 2000.
Brasil ocupa casi la mitad de América del Sur, continente considerado como el más diverso del mundo.
