«Venezuela es un país garante de tratados internacionales en Derechos Humanos y recibe el reconocimiento de Acnur sobre esta materia. La Defensoría del Pueblo como institución nacional de Derechos Humanos se compromete a darle continuidad a este trabajo», apuntó el defensor del pueblo al cabo de un encuentro que sostuvo en su despacho con representantes de Acnur en Venezuela, en el que se revisaron las políticas del Estado venezolano en esa área.
Indicó que para darle apoyo a todas las personas del mundo que forzosamente emigran de sus países, en Venezuela existe la Comisión Nacional de Refugiados, cuyo fundamento legal se soporta en la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas, promulgada en 2001.
«Oficialmente, en este aspecto, son 5.788 personas a las que el Estado venezolano les ha dado una condición de refugiadas, tomando en cuenta que han tenido un temor fundado en que sus vidas corren peligro, particularmente en el hermano país de Colombia. En función de ello, Venezuela les ha dado este trato especial que implica, aparte de acreditarlos en el Saime, otorgarle la regularización de sus documentos para que transiten en el territorio nacional», explicó, en rueda de prensa.
Luego de que Venezuela promulgara el instrumento jurídico referido, en 2003 se aprobó un «Memorándum de entendimiento entre Venezuela y Colombia sobre el tratamiento de las personas desplazadas en territorio colombiano que llegan a la frontera venezolana», instrumentos dedicados a atender sobre todo a las víctimas de la guerra colombiana.
«Acnur ha reconocido que (Venezuela) es uno de los países de América Latina que mayor récord en materia de cumplimiento y apoyo a ciudadanos colombianos que han huido de la guerra, que lamentablemente azota ese país y hemos tenido una actuación apegada a la ley tanto nacional como internacional», indicó.
Asimismo, Saab apuntó que desde el 1º de enero de este año hasta el pasado 10 de mayo han ingresado de manera ilegal al país, y por consiguiente han sido deportados, 5.497 ciudadanos colombianos.
Desplazamientos forzosos
El «Informe global 2015: desplazados internos por conflicto y violencia» que elaboró el Consejo Noruego para Refugiados, y que fue publicado a principios del presente mes, reveló que la violencia en países de Centro y Suramérica provocó el desplazamiento forzado interno de unas 436.500 personas durante 2014.
En el documento, que además contó con la colaboración del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), se precisó que los desplazamientos en la región aumentaron en 12 % con respecto al año anterior y explica que, aunque no es una situación focalizada en esta parte del mundo, alerta que en 10 años nunca se había registrado una estimación tan alta del número de personas desplazadas en un año.
Por su parte, en Colombia 12 % de su población, es decir 6.044.220 personas, ahora se cuentan como desplazados internos. De esa cifra, 63 % vive por debajo del umbral de pobreza y 33 % en condiciones de extrema pobreza.
En esta última nación, que ostenta la segunda mayor población de desplazados internos del mundo, estos están inscritos en un registro oficial. Aquellos que han conseguido soluciones duraderas o que han fallecido durante su desplazamiento no se retiran del registro y ello conlleva a un número en constante aumento.
