La defensora del Pueblo de la región, Elba Rodil, indicó este jueves que se tomó la decisión, «debido a la situación críitica que presenta el sector salud, especialmente en los dos últimos años, en los que se percibe un deterioro progresivo de la atención en los centros hospitalarios y ambulatorios».
Anunció que la Defensoría del Pueblo ejercerá recursos judiciales establecidos en la Constitución para exigir al gobernador Henri Falcón, representante de la derecha, que administre con mayor eficiencia este servicio descentralizado y se tomen medidas para mejorar la atención.
Enfatizó que mantendrán en supervisión permanente los centros hospitalarios y ambulatorios, para garantizar que los pacientes reciban un servicio adecuado.
El 12 de mayo, el Consejo Legislativo, con el apoyo de la mayoría de los diputados, declaró en estado crítico el sector salud en esta entidad del centro-occidente del país, por el incumplimiento en inversiones por parte de la Gobernación.
El diputado que presentó la moción, Luis Reyes Flores, subrayó que el servicio de salud se encuentra en estado crítico, «debido a la desinversión, la desatención e irresponsabilidad del gobernador con este servicio».
La decisión se tomó debido a las múltiples denuncias que reposan en la Comisión de Salud del ente legislador y que son investigadas por una Comisión Especial Mixta, que ha corroborado la mayor parte de estas acusaciones.
Entre las irregularidades resaltan la falta de medicamentos, exigencia de insumos a los pacientes y sus familiares para atenderlos en los centros estadales, trato no apropiado, mala calidad de la infraestructura y falta de ambulancias en la red médica.
También enfatizó la existencia de equipos médicos arrumados y medicamentos no distribuidos, contaminados y vencidos, como ha sido constatado por integrantes de la Comisión Especial Mixta durante inspecciones realizadas a las sedes de salud.
