Ya lleva 14 años de gestión pública (8 como alcalde Baruta y 6 como gobernador) caracterizados por hacerse el desentendido de las normas que lo regulan, por no ajustarse a las pautas legales
Hemos escogido el pensamiento de Charles Darwin, el gran estudioso de la evolución de las especies, para que nos sirva de epígrafe en este artículo en el que se pretende demostrar que el gobernador del Estado Bolivariano de Miranda mantiene una práctica, a nuestro juicio, recurrente, de desconocimiento de las Leyes Republicanas; lo cual implica, además, una inclinación manifiesta a la desadaptación a los cambios políticos y culturales que se han venido operando en la sociedad venezolana en los últimos años y que, extrapolando el enfoque darwiniano, aplicado ya no en lo biológico sino en lo social significa, ni más ni más menos, una tendencia inexorable a la extinción, en este caso , de una especie política de la que Capriles Radonski es uno de sus más conspicuos representantes.
Recurrencia
En estos intensos años transcurridos del proceso bolivariano se ha venido construyendo toda una arquitectónica jurídico-política que articula el cuerpo legal de la nación con los principios filosóficos, doctrinarios, teóricos que motivan e inspiran los anhelos de cambio del pueblo venezolano; esa articulación se sintetiza, por una parte, en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV), la única, en toda la historia patria, surgida del consenso y la aprobación referendaria del colectivo nacional y, por otra parte, en las Leyes derivadas que emanan de los órganos legislativos correspondientes.
Es así como nuestro país ha logrado conformar una estructura jurídico-legal, fundamentada, esencialmente, en nuestra realidad histórico-social, que la ubica como una de las más avanzadas del Continente y del Mundo. Leyes que nos compete acatar y cumplir a todos los venezolanos y venezolanas, en especial, a quienes ejercen funciones de gobierno, indistintamente, de la orientación política de los funcionarios en cuestión.
En el caso que nos ocupa, Capriles, ya lleva 14 años de gestión pública (8 como alcalde Baruta y 6 como gobernador) caracterizados por hacerse el desentendido de las normas que lo regulan, por no ajustarse a las pautas legales, particularmente, en lo que tiene que ver con los mecanismos de control social, en el desconocimiento al papel que ahora le asignan las Leyes a las comunidades en la planificación, ejecución y control de las obras y recursos atinentes a sus propias localidades, es decir, para Capriles no hay cabida para el Poder Popular, no lo comprende.
Ni que decir de sus violaciones a las Leyes del Derecho Internacional cuando el asalto al recinto de la Embajada Cubana (2002), ni del desconocimiento a las Leyes Electorales y a las que resguardan los Derechos Humanos y el Orden Público (2013) cuando llamó a sus adeptos a drenar la arrechera, con las fatales consecuencias, antes que a reconocer, como le correspondía, su derrota electoral.
Como gobernador ha desconocido a la CRBV y a la Constitución del Estado Bolivariano de Miranda al desentenderse de las funciones que le asignan en materia de seguridad ciudadana, con relación a los servicios y obras públicas (educación, salud, vivienda, vialidad, etc.), la protección a los consumidores, y, en general, toda la amplia gama de responsabilidades que le atribuyen el artículo 21 de la Constitución mirandina.
Solicitud viciada
Firme y tesonera ha sido la lucha del actual Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda (CLEBM), dirigido por la Legisladora Aurora Morales con una clara orientación socialista, para centrar al gobernador Capriles en el marco de las leyes; en materia presupuestaria, haciendo que entienda que la filosofía de la Quinta República es que por lo menos el 60% del presupuesto regional debe estar enfocado hacia lo social, siempre concebido como una inversión para el desarrollo integral y no como un gasto, a lo cuartorrepublicano, como ha sido su tozudez neoliberal; en cuanto a la planificación pública que asuma que la ley que la rige no es letra muerta, que el CEPLACOPP es un organismo vigente para el diseño y coordinación de las políticas públicas.
Ilustrativo de este esfuerzo de los legisladores regionales, por ubicar las cosas en su justa y legal dimensión, ha sido la decisión de devolver al ejecutivo regional la solicitud de un crédito de 60 millones de Bs. para suministro de materiales de construcción en diversas comunidades, 156 solicitudes consignadas a título individual, respaldadas sólo con la fotocopia de la cédula de identidad de la persona solicitante quien aparece autorizada por la gobernación para recibir los recursos; y no avaladas por asambleas de ciudadanos y ciudadanas como pautan las Leyes del Poder Popular, violando, además, la Ley de los Consejos Comunales, que establece, en su artículo 37, que es a la Unidad Ejecutiva del Consejo Comunal a quien compete la ejecución de las decisiones de la Asamblea.
Por la labor contralora de los Legisladores se detectaron todas estas fallas y por tal motivo se devolvió a la gobernación la mencionada solicitud crediticia para que se subsanen los vicios señalados.
Jurásicos en extinción
Estamos frente a otro hecho demostrativo del desconocimiento y violación de las Leyes Republicanas por parte del gobernador, que más allá de su significación intrínseca, denota una reiterada recurrencia a desconocer el marco jurídico que se ha dado soberanamente el pueblo venezolano, es decir, a mantener una obtusa resistencia a los cambios que se han operado en la sociedad, tendiendo a la extinción, pues, como indica Darwin sobrevive quien se adapta al cambio; este no es el caso de Capriles ni de la vieja clase política a la que representa, cual jurásicos están condenados a la extinción.
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Miguel Ugas
