Esta herramienta normativa fue propuesta en 2001 por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, en Costa Rica, ante la 21ª Asamblea General de la OEA, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de la región y la lucha contra la pobreza.
La carta está enfocada en el desarrollo de los pueblos de este hemisferio, en la igualdad de oportunidades y la no discriminación racial ni social.
El texto establece: «Los pueblos de América tienen derecho al desarrollo en un marco de solidaridad, equidad, paz, libertad, y los Estados el deber de promoverlo, con el fin de erradicar la pobreza, en particular la pobreza extrema, y alcanzar niveles de vida dignos para todas las personas».
Añade: «Los Estados reconocen las contribuciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades migrantes al proceso histórico continental e insular y promoverán su valoración».
