Edgar Zambrano, Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática, condenó este viernes las acusaciones sin basamento formuladas desde el gobierno en contra de diputados y asistentes parlamentarios del partido, agregando que el compromiso y plan de la organización, como el resto de quienes integran la Mesa de Unidad Democrática, es lograr los cambios del país por las vías pacíficas, constitucionales y democráticas.
“No existe ningún tipo de elemento que vincule a un miembro de la Fracción Parlamentaria de AD u otra organización política del bloque de la alternativa democrática en hechos de índole criminal. Entendemos el afán del Ejecutivo Nacional en producir respuestas puertas adentro del PSUV ante la dramática situación que vive el país, producto de políticas públicas fallidas en grado extremo que los obliga a procurar, mediante creatividad fantasiosa, escenarios inexistentes vinculando al delito a parlamentarios de la sociedad democrática venezolana”, declaró el diputado por el estado Lara, para quien son urgentes las pruebas de las supuestas denuncias.
Explicó Zambrano que es propósito y objetivo directo de la estrategia política de la MUD y en ella de AD, “salir de este gobierno en los términos y distancia constitucional con los votos del pueblo, y no es vistiendo en camisa de once varas a actores de la oposición que va a corregir el grave déficit que acusa en éxito la gestión del gobierno”.
Expresó que tanto los diputados y diputadas de AD en la Asamblea Nacional, como sus respectivos asistentes son hombres y mujeres de y para la democracia, venezolanos y venezolanas responsables, comprometidos con el sistema de libertades públicas “por lo que restamos crédito a toda orientación de códigos con maligna intención dirigida a descalificar, sumiendo en el delito a personas de probada honestidad y militancia democrática”.
El también Vicepresidente Nacional de AD recordó que en reiteradas oportunidades ha solicitado el diálogo con el gobierno para abordar el tema de la seguridad ciudadana que tiene en jaque el derecho a la vida de los venezolanos, a través de todas las vías permitidas tanto formales como informales, y siempre la respuesta ha sido un “silencio sepulcral, no bastando la serie de evidencias que transcurren pública, notoria y comunicacionalmente ante las devastadoras estadísticas y el inventario realizado por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, desde donde se han promovido igualmente discusiones y debates sobre este importante tema para los ciudadanos”.
