Al parecer mientras las cosas estén como están, la libertad de los presos políticos no está en las salas de audiencia. Duele, porque la ley, la palabra y los argumentos son mis únicas armas, y porque cuando se pierde el Estado de Derecho, perdemos todos. Quizás esté otro lado
“Nuestra libertad no está en esta sala”… Lo dijo Gerardo Carrero, uno de los 77 presos políticos que carga el régimen de Maduro a cuestas, tras culminar esta semana otra de las audiencias del juicio que a él y a otros siete compañeros se les sigue en Caracas. En ese momento estaba a su lado Gerardo Resplandor, que nos miraba con el mismo dejo de certeza sin esperanzas con el que su amigo había rematado la frase. No había rencor en ellos, las palabras fueron pronunciadas sin rabia, pero con convicción. Ninguno de los acusados es abogado, pero lo que han vivido en su más de un año presos les ha hecho ver que las razones por las que están encarcelados no son jurídicas, sino políticas. Lo saben porque su juicio está demostrando ser una simple formalidad, una puesta en escena, un remedo; porque a todo lo que plantea su defensa la respuesta es “no” y porque cualquiera con dos dedos de frente que presencie lo que a ellos les ha tocado vivir se da cuenta de que algo huele muy mal en su proceso.
Desmontando una mentira
Era de esperarse la decepción. Esa tarde, tras casi suspenderse la audiencia pues no podían los funcionarios del SEBIN quitarle las esposas a Resplandor, lo que les forzó a cortarlas con una cizalla, fue presentada por la Fiscalía otra de sus “contundentes” pruebas contra ellos. Un experto en balística que, según nos dijo, había realizado un peritaje sobre un revólver y cuatro balas que, según reza el “Acta Policial” que dio inicio a toda esta ordalía falaz y artera, habría sido hallada en poder de uno de ellos. La primera parte de su intervención fue casi poética. Contó con detalle y soltura cómo había recibido el oficio que le ordenaba hacer la experticia, indicando que venía acompañado del documento en el que se acreditaba su remisión (pues la evidencia había sido obtenida por la GNB, no por el CICPC del cual el experto es funcionario) y del documento que se conoce como la “cadena de custodia”, en el que se precisa cómo fue hallada la evidencia y de qué manera se la maneja y resguarda tras su obtención. Dijo, muy orondo, que había revisado el arma, que había constatado que estaba en buen estado y también que se había verificado que funcionaba, pues las cuatro balas que se pretende habían sido encontradas con ella fueron sido disparadas sin problemas. La Fiscalía interrogó entonces al experto, básicamente para hacerle repetir lo mismo que ya había dicho… y entonces le tocó a la defensa hacer su parte.
Allí empezaron los problemas. He visto muchas cosas en los casi catorce años que llevo trabajando en la defensa de personas perseguidas judicialmente por motivos políticos, pero nada me había preparado para lo que pasaría ese día. O quizás sí, pero uno siempre enfrenta estos procesos con la esperanza de que algún resquicio de conciencia y de apego a las leyes y al sentido común se imponga alguna vez. Ha pasado antes, no es la regla sino la excepción, pero ha pasado.
El meollo del asunto es que la defensa sabía que el experto mentía. En la famosa “cadena de custodia” no constaba que en el momento en que los muchachos fueron detenidos, hace ya más de un año, se hubiera encontrado ningún arma ni balas. Siendo así, volvimos a preguntarle al experto de qué manera había llegado a sus manos la evidencia sobre la cual había hecho su peritaje. Respondió lo mismo que había dicho antes. Le preguntamos si antes de hacer la experticia había leído con detalle todos los documentos que, según dijo, le habían llegado. Respondió que sí. Le preguntamos cuál sería la consecuencia de que existiese alguna irregularidad en los oficios que dijo haber recibido o en la cadena de custodia que aseveró “haber leído”, y respondió que en ese caso no podría haber hecho la experticia. Vistas las respuestas, y visto que nos había confirmado en ellas que mentía, no me quedó más alternativa que hacerle otra pregunta, la más importante: “¿Usted vio, o tuvo en sus manos, el revólver o las balas sobre los que hizo su peritaje?”
“No”, fue su respuesta inmediata y directa.
Sinceramente, no podía salir de mi asombro. Unos minutos atrás el experto había dicho, en estrado, ante el tribunal y las partes y bajo juramento, que él y uno de sus compañeros habían hecho un peritaje sobre un revólver y unas balas que, ahora lo confirmábamos, nunca vio ni tuvo en sus manos.
Le preguntamos cómo había podido hacerle una experticia un revólver que nunca había visto y a unas balas que jamás tuvo en su poder. La respuesta fue una divagación kafkiana sobre los documentos que le habían ordenado hacer el peritaje, sobre las conclusiones que había sacado según lo que otros funcionarios, los que supuestamente “sí habían visto y probado” el arma, le habían dicho, sobre los “procedimientos internos de la división” y, de nuevo, sobre la “cadena de custodia”. Como desesperado recurrió de nuevo a ese documento, y ya en evidencia su falsedad, le exigimos al tribunal que pusiera en manos del experto la “cadena de custodia”, la que está en el expediente, la que supuestamente él “sí había leído”, para que nos dijera en qué parte de la misma constaba la existencia del supuesto revólver y de las supuestas balas.
Mentira y la arbitrariedad
hicieron, otra vez de las suyas
Pandemonium total. La Fiscalía entró en crisis y se opuso de inmediato a nuestra petición, pues sabía que corroboraría que el experto había faltado a la verdad desde el comienzo, que ni siquiera había leído la “cadena de custodia” y que no solo jamás había visto el revólver y las balas cuya “existencia” y “buen funcionamiento” había hecho constar en un documento oficial, sino además que había mentido en estrado y bajo juramento.
Por supuesto, de nada valieron las réplicas ni la insistencia de la defensa. El tribunal, para variar, se negó a nuestra solicitud. En sede judicial, para estos casos, “no” es la palabra de moda. Lo importante era, al parecer, proteger al “experto” descubierto en felonía, no que la verdad reluciera. Me molesté, lo confieso, y así lo hice notar, pero de nada valieron las normas, los argumentos ni las palabras, por airadas que fueran. La mentira y la arbitrariedad hicieron allí, de nuevo, de las suyas.
Cuando se pierde el Estado
de Derecho, perdemos todos
Tiene razón Gerardo, al parecer mientras las cosas estén como están, la libertad de los presos políticos no está en las salas de audiencia. Duele, porque la ley, la palabra y los argumentos son mis únicas armas, y porque cuando se pierde el Estado de Derecho, perdemos todos. Quizás esté otro lado. Quizás hoy se hable de ella en el Vaticano, y algo se logre desde allá, o se encuentra en el hambre de quienes hoy no se alimentan, poniendo en peligro sus vidas, para que a la verdad no se la sepulte bajo expedientes montados ni chácharas cantinfléricas.
O quizás la libertad de los injustamente encarcelados esté ti, que me lees, siempre que tengas el coraje de no hacerle el juego al olvido y de entender, porque la barbarie no discrimina y porque el daño a uno es el daño a todos, que si hoy les tocó a otros pasar por esto, mañana te puede tocar a ti.
CONTRAVOZ
Gonzalo Himiob Santomé
Twitter: HimiobSantome
