Antonio Arias, integrante de la Subcomisión de Recepción de Denuncias, señaló que las víctimas son dirigentes sociales, luchadores estudiantiles y jóvenes simpatizantes de izquierda que fueron ajusticiados en falsos enfrentamientos con las fuerzas represoras o ultimados tras ser detenidos sin orden judicial.
Entre los casos de homicidio destaca el de Américo Silva, defensor de los derechos obreros y promotor de la lucha armada contra el régimen de Rafael Caldera (partido Copei). Fue ultimado de varios tiros por la espalda en una alcabala en la carretera San Félix-El Pao, el 31 de marzo de 1972.
Además, se investigan los asesinatos de Vicente Contreras Duque (muerto en la vía a El Pao) y de Juan Zabala Gómez, José Montilla Cedeño y José Aquino Carpio.
También se incluyen Wilfredo Silva y Édgar Lugo Acabano, quien perdió la vida frente a la panadería El Sol, del sector 11 de Abril de San Félix, en 1977.
En este último caso también se indaga la desaparición forzosa de su hermano, Enzo Lugo Acabano, quien fue secuestrado por el grupo que mató a Édgar, y cuyo cuerpo nunca fue encontrado.
Asimismo, la Comisión investiga junto a familiares, testigos y autoridades la desaparición forzosa de Melchor Rosas, líder de la Liga Socialista y secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (Sutiss).
Este dirigente laboral fue secuestrado por un grupo de la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) en Ciudad Guayana, el 28 de abril de 1983, durante el gobierno de Luis Herrera Campins (Copei), y jamás apareció su cuerpo ni el vehículo en el que había salido de su hogar.
«Tenemos más de 300 casos de desaparecidos cuyas familias quieren una respuesta sobre el destino de sus seres queridos, y la verdad sobre lo que les pasó», refirió.
La Comisión por la Justicia y la Verdad fue creada bajo iniciativa de las fuerzas socialistas de la Asamblea Nacional (AN) en 2013, en respuesta al clamor de decenas de familiares asesinados y desaparecidos por causas políticas durante los gobiernos de Acción Democrática (AD) y Copei, entre 1958 y 1998.
«El balance obtenido a la fecha señala la recuperación de 10 cuerpos de víctimas de homicidios políticos en los estados Falcón, Sucre, Anzoátegui y Apure», señaló Arias, quien agregó que la colaboración de testigos presenciales y los testimonios de personas que en muchos casos habían sido amenazadas por las autoridades o callaron por temor han sido valiosos para llevar a buen término las investigaciones.
Como parte de la visita de esta comisión, se instaló el grupo de trabajo permanente que coordinará el trabajo de investigación y recepción de denuncias en Bolívar, integrado por Franklin Gómez, Édgar Montilla y Edilia Rojas.
Así mismo, se recibirán denunciasen un buzón especial ubicado la parroquia San Buenaventura, en el sector El Roble de San Félix, que estará a cargo del padre Matías Camuña, integrante de la Subcomisión de Asuntos Sociales.
Este jueves y viernes, la comitiva gubernamental visitará el estado Anzoátegui. Además, Arias adelantó que próximamente instalarán oficinas en Sucre y Monagas, que trabajarán de la mano de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo.
