A principios del mes de junio, el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) -integrado por LACSO junto con un grupo de cinco universidades públicas y privadas del país- consignaron su informe alternativo, relacionado con el Derecho a la Vida en Venezuela, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual revisará el cumplimiento del Estado venezolano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A continuación se presentan los puntos más importantes expuestos en el mencionado informe alternativo:
Del año 2000 en adelante, Venezuela se ubica entre los países con niveles de “violencia muy alta” en el mundo, conformados por aquéllos que tienen más de 31 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aun cuando naciones con realidades similares, tales como Colombia, Brasil y México, han compartido con Venezuela esta preocupante clasificación, en la actualidad Venezuela dobla o cuadruplica la tasa de homicidios de los mencionados países. Los vecinos Colombia y Brasil, por ejemplo, cerraron el 2014 con una tasa de 28 y 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente; mientras que en México la tasa fue de 17.
El pasado año 2014, hubo, según estudios y cálculos del OVV, 24.980 asesinatos en todo el territorio nacional y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llegó a 82. Entre 1998 y 2014, se cometieron en Venezuela 231.562 homicidios. La violencia homicida es la tercera causa de muerte en Venezuela; es la primera causa de muerte entre los jóvenes y es la causa de mayor número de años de vida potenciales perdidos. Aunado a ello, la inseguridad ciudadana es el principal problema social que afecta a todos los venezolanos.
Ante el panorama detallado, en el cual la violación al derecho a la vida en Venezuela ha traído como principal y evidente consecuencia la muerte de miles de personas en el país, es de destacar que también trae consigo varias otras secuelas: personas lesionadas, física y psicológicamente; sufrimiento de madres, padres, parejas e hijos; descomposición de familias; impacto en la economía familiar; impacto en la salud pública; problemas de salud mental (ansiedad, depresión, estrés, paranoia); pérdida de la calidad de vida; posicionamiento negativo de la imagen país; disminución de las inversiones nacionales y extranjeras; migraciones de miles de venezolanos, entre otras.
La violencia es un flagelo multicausal. Según el modelo de explicación sociológico, hay factores macro sociales que la originan: pérdida de los mecanismos de control social tradicional (la familia y la religión), desigualdad social, ocio juvenil y mayores expectativas e imposibilidad de satisfacerlas; otros a nivel mezo social que la fomentan: la organización de las ciudades, la cultura de la masculinidad, el mercado de la droga y la impunidad; y razones micro sociales que la facilitan: la capacidad letal de las armas de fuego y el consumo excesivo de alcohol.
Sin embargo, entre todos los factores previamente mencionados, hay uno en particular que, en Venezuela, promueve con fuerza la ejecución de delitos: la impunidad. En 1998, por ejemplo, por cada 100 homicidios se detuvieron a 110 sospechosos; sin embargo, apenas dos años después, en el 2000, por cada 100 homicidios se detuvieron a 18 sospechosos. En los años 2007, 2008 y 2009, por cada 100 homicidios se detuvieron a 9 sospechosos. Visto de otra manera, en esos tres años el 91% de los homicidas quedó libre, sin haber tenido ni siquiera una detención como sospechoso. Entre 1998 y 2009, en el país se produjeron 23.046 detenciones, de 123.091 homicidios que se cometieron, lo que significa que, a 2009, había 100.045 homicidas impunes. La impunidad deja sin derecho a la justicia a las víctimas y sus familiares, fomenta el incumplimiento de la ley y la convierte en un adorno, destruye la convivencia e impide el progreso social y económico de la sociedad.
Dada esta situación, LACSO y OVV desean solicitar al Comité se hagan al Estado venezolano, entre otras, las siguientes recomendaciones:
– El Estado debe cumplir con su responsabilidad de ser transparente y proporcionar cifras, públicamente y al menos una vez al año, acerca de la situación de inseguridad y violencia en Venezuela; así como abstenerse de censurar la información y permitir el acceso a las cifras de homicidios, y demás delitos, a los ciudadanos que las soliciten.
– El Estado debe, cuanto antes, reducir los niveles de impunidad en el país, en el marco de una política de seguridad ciudadana exenta de cuerpos militares ajenos a tareas de control del orden interno.
– El Estado debe aplicar claras políticas sociales ante la violencia que tengan continuidad; fomentar la institucionalidad y emprender acciones de prevención, así como de represión: forzando el cumplimiento de la ley. Debería, también, ser crítico de la actuación violenta, cuestionar –y no elogiar- a los violentos, pacificar a la sociedad venezolana. De igual manera, debería apoyar y destinar mayor cantidad de recursos económicos a los organismos policiales; así como impulsar el desarme de la población.
