Más de 20 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, plantearon en Ginebra, Suiza, las violaciones continuas de elementales derechos de ciudadanos venezolanos, traducidas en detenciones, persecución judicial, criminalización de la protesta y encarcelamiento de líderes políticos.
En representación de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero expuso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas diversos casos representativos de las violaciones graves a los Derechos Humanos que han tenido lugar en Venezuela desde febrero de 2014. También fue presentado el Informe General del Foro Penal Venezolano ante los comisionados de la ONU y demás representaciones No Gubernamentales y del Estado Venezolano que participaron en la sesión de este lunes.
De acuerdo a los datos que maneja esta organización ha habido más de 3700 detenciones por manifestaciones políticas. El estudio resalta que más de 300 personas fueron sometidas a prisión durante varios meses, e incluso por más de un año, por manifestar contra el Gobierno venezolano. Recordó Romero que 75 personas están todavía privadas de libertad por motivos políticos, de las que 29 están relacionadas con protestas.
También aclaró que al día de hoy más de 2.000 personas, aun cuando se encuentran en libertad, tienen procesos judiciales abiertos y están sometidos a medidas restrictivas, lo cual constituye una clara demostración de la criminalización del derecho a la protesta.
Representantes de las instituciones del Gobierno venezolano acudieron también a Ginebra, recordando que recientemente voceros de la ONU “exigían autonomía de los poderes públicos venezolanos, especialmente del Judicial”.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad solicitó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el Estado venezolano garantice una comunicación libre y exige que dejen de ser calificados como delitos la injuria y la difamación.
Durante la sesión llamó la atención la exposición del caso particular del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, calificado materialmente como un “secuestro” ya que fue sacado violentamente de su oficina, sin que mediara orden judicial, hecho que se agrava pues se trata además de la máxima autoridad civil de la capital del país en pleno ejercicio de su cargo. NP
