La inseguridad ciudadana es el principal problema social que afecta a los venezolanos. Así lo asegura un informe elaborado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y un grupo de cinco universidades públicas y privadas del país, el cual revela que entre 1998 y 2014 se registraron 231.562 homicidios en el país, convirtiendo a este delito en la tercera causa de muerte en Venezuela, pero en la primera entre los jóvenes.
El informe destaca que desde 2000 Venezuela se ubica entre los países con niveles de “violencia muy alta” en el mundo, categoría conformada por aquellas naciones que tienen más de 31 homicidios por cada 100 mil habitantes. Según cálculos del OVV, en 2014 hubo 24.980 asesinatos en todo el país y la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes llegó a 82. El número de víctimas de asesinato entre jóvenes de 15 a 24 años en ese período llegaría a 9.200, según estimaciones del OVV, lo que representa un 37% del total.
“Venezuela era considerado uno de los países no-violentos de América Latina. A mediados de los 80 tenía la misma tasa de homicidios de EE.UU: 8 por cada 100 mil habitantes”, señala a La Tercera Roberto Briceño-León, director del OVV. “A partir de 1999, con la llegada al gobierno de Hugo Chávez, se da un incremento sostenido y de agravamiento a lo largo de 15 años. Lo singular es que a partir de 2006 Venezuela tiene más homicidios que Colombia y a partir de 2012 más homicidios que El Salvador, siendo ahora sólo superado por Honduras”, enfatiza.
Si bien el informe reconoce que la violencia es un “flagelo multicausal”, destaca que hay uno en particular que promueve con fuerza la ejecución de delitos: la impunidad. Para graficarlo, se detalla que entre 1998 y 2009 se produjeron 23.046 detenciones, de 123.091 homicidios que se cometieron, lo que significa que, a 2009, había 100.045 homicidas impunes.
Para Briceño-León, el gobierno tiene responsabilidad clara en esta materia. “La destrucción institucional y normativa que conduce a la altísima impunidad es el resultado de una acción de un gobierno que -en su propósito de transformación revolucionaria- consideró que la violencia no era mala, pues formaba parte de la lucha de clases y que usar la policía para combatir el delito era propio de gobiernos de derecha, y que por lo tanto no la iban a usar, dejando así indefensa a la población ante el delito”, sostiene.
En ese sentido, el informe -enviado al Comité de Derechos Humanos de la ONU- señala que “el Estado debe, cuanto antes, reducir los niveles de impunidad en el país, en el marco de una política de seguridad ciudadana exenta de cuerpos militares ajenos a tareas de control del orden”.
Asimismo, solicita al Estado “cumplir con su responsabilidad de ser transparente y proporcionar cifras, públicamente y al menos una vez al año, acerca de la situación de inseguridad y violencia en Venezuela”. Al respecto, Briceño-León asegura que “desde 2004 hay censura de la información oficial sobre inseguridad”.
