Un proyecto integrador para Venezuela propone superar la tragedia del centralismo y profundizar el tímido esfuerzo descentralizador que se inició en 1989
El martes pasado recibimos en Ifedec a un grupo de distinguidos académicos venezolanos: Maxim Ross, economista de la Universidad Central de Venezuela; Juan Garrido Rovira, abogado de la misma universidad, y Julieta Lares, economista de la Universidad Católica Andrés Bello.
Nos presentaron Un proyecto integrador para Venezuela. Un excelente trabajo que coincide plenamente con las tesis que venimos sosteniendo. En Venezuela hace falta una política de Unidad Nacional. Actualmente somos un país dividido, y un país dividido no puede avanzar.
Y no estamos divididos solamente por razones políticas y electorales. Cosa que es natural en cualquier país democrático. Es que estamos divididos, además, por razones socioeconómicas, culturales y morales. El país necesita un proyecto integrador. Un proyecto que nos permita elaborar o descubrir los grandes consensos que son indispensables para poder progresar.
Como lo explicaron nuestros visitantes, integrar es unir, es incluir, es lo opuesto a separar. Y los valores sobre los cuales debe inspirarse una política de integración y de unidad nacional son, por ejemplo, la convivencia política democrática en libertad, paz y seguridad. El crecimiento económico sostenible en una economía productiva, el progreso social en justicia, equidad y solidaridad. Todo eso buscando como objetivo la nivelación de las diferencias de propiedad, educación y poder.
Un proyecto integrador para Venezuela propone superar la tragedia del centralismo y profundizar el tímido esfuerzo descentralizador que se inició en 1989 con la aprobación de la elección popular de los gobernadores, la creación de la figura de los alcaldes y el traslado de competencias del centro hacia las regiones y los municipios.
Supone superar la cultura y la práctica del estatismo que viene desde hace mucho tiempo y que se ha incrementado en los últimos años. Superar el déficit de democracia en las ideas y en la praxis política. Supone desmontar el presidencialismo y la delegación de la facultad legislativa en el Poder Ejecutivo.
Recordé que yo me estrené como diputado al Congreso Nacional en 1974 combatiendo una ley que delegaba en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar. En esa época, por cierto, esa facultad estaba limitada por razones de la materia de la que se trataba y por el tiempo que duraba la delegación. Ahora, como pasa con todo, la cosa ha empeorado, y la delegación legislativa se otorga sin límites de tiempo ni de contenido.
Seguiremos conversando.
Eduardo Fernández