Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenada a un año y cuatro meses de prisión la asistente del Tribunal 4º de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Leris Coromoto García Contreras (46), quien admitió haber solicitado 20 mil bolívares a un familiar de un privado de libertad para que obtuviera un documento necesario para tramitar un beneficio procesal.
En la audiencia preliminar, los fiscales 76º y auxiliares del AMC, Marcos Palacios, Ramón Torres y Yajaira Ríos, respectivamente, ratificaron la acusación contra García Contreras por el delito de concusión, previsto en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción.
Dicho artículo señala lo siguiente: “El funcionario público que abusando de sus funciones, constriña o induzca a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida, será penado con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de la cosa dada o prometida.
Frente a la admisión de los hechos por parte de la mujer, el Tribunal 10º de Control del AMC dictó la referida condena contra García Contreras, a quien le acordó un régimen de presentación cada 30 días.
Asímismo, le impuso cancelar una multa por la cantidad de 10 mil bolívares, al tiempo que quedó inhabilitada para ejercer cualquier otro cargo público en los próximos 5 años.
Vale señalar que el procedimiento por admisión de hechos establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal indica que cuando se trate de delitos contra la corrupción o que causen un daño grave al patrimonio público y la administración pública, el juez podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable.
El pasado 8 de abril, Leris García Contreras fue aprehendida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras ejecutarse una entrega controlada de dinero, solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Tribunal 10º de Control del AMC.
La hoy condenada había exigido la cantidad de 20 mil bolívares a un familiar de un privado de libertad, a cambio de gestionarle el documento de los antecedentes penales, último requisito para obtener un beneficio procesal.
La víctima denunció la irregularidad ante el Ministerio Público, que planificó la entrega controlada en el pasillo 4 del Palacio de Justicia de Caracas, hasta donde llegaron los funcionarios de la Dgcim para detener a la mujer.
