Sitraenseñanza ratifica conflicto con Gobernación

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Miranda, Sitraenseñanza, con algo más de 400 dirigentes de base, acudió la tarde del martes 7  de julio a la sede del Consejo Legislativo, para solicitar la intermediación legislativa para validar el respeto a  la cláusula de homologación que está vigente en la cláusula  número 83 del 2do contrato colectivo de 28 de septiembre de 1987, también  en  la cláusula número 8 de la V convención colectiva de trabajo vigente y ratificada por la administración del Gobierno de Capriles, en el acta convenio de junio de 2012.

Así lo dio a conocer el presidente de la organización magisterial, Oswaldo Pantoja, quien indicó que la señalada cláusula reza: «El Ejecutivo Regional del estado Miranda, se obliga a partir de la firma y depósito de la presente convención colectiva de trabajo, a otorgar a todos los trabajadores de la educación activos, los beneficios legales, académicos, sociales y económicos en la misma cantidad y forma como lo resuelva el Ministerio de Educación, siempre y cuando no desmejores los beneficios obtenidos en la presente convención colectiva de trabajo; así mismo se obliga a otorgar a los docentes jubilados y pensionados los beneficios legales, sociales y económicos en la misma cantidad que lo resuelva el Ministerio de Educación».

-Sitraenseñanza -dijo Pantoja- reitera el reclamo de que es la Gobernación de Miranda la única responsable del pago de la deuda de homologación que se genera a partir de la firma de la Convención Colectiva Nacional de 2013, entendiendo,  que es el Gobierno Nacional el que provee los recursos, y que el Gobierno Regional debe presupuestarlos y  gestionarlos adecuadamente. Visto que el Gobierno Regional no presupuestó esta deuda de Homologación en el año 2014 ni en 2015, ni pagó dicha deuda, a pesar de contar con los recursos necesarios para ello, y atendiendo a que le fueron aprobados y otorgados, mediante un crédito extraordinario por aproximadamente 1737 millones y que no existe ningún impedimento legal para pagar la totalidad de la deuda que asciende a 607 millones, los trabajadores solicitaron al Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda,  mediar y condicionar la aprobación de la solicitud de crédito, incluyendo el pago total de la deuda de homologación docente.

Nota de Prensa

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