Una corte federal de Estados Unidos citó a declarar el mes próximo al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y otros funcionarios de ese país por un caso relacionado con «material de defensa» adquirido supuestamente a un empresario venezolano radicado en Miami.
Cabello ha sido citado ante un tribunal federal en Miami el próximo 10 de agosto, según documentos de la corte federal del Distrito Sur de Florida.
También están convocados el mismo día el gobernador del estado de Aragua, Tareck El Aissami, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Néstor Luis Reverol, y el exministro de Interior Miguel Rodríguez Torres.
El caso responde a una demanda por difamación, injuria y extorsión presentada por el empresario Gianfranco Rondón contra Gianfranco Napolitano, director y editor del grupo propietario del periódico Doral News y el canal Doral News TV, por las informaciones publicadas acerca de las presuntas ventas de material bélico.
Napolitano dijo hoy a Efe que «Cabello y los otros funcionarios están citados con obligatoriedad a declarar en una corte federal sobre los suministros de materiales bélicos, las cantidades, los contratos y la vinculación que tienen con Rondón».
Según el editor, se trató de «suministros al gobierno venezolano desde hace varios años de equipos de represión que se utilizaron para atropellar a los estudiantes opositores en sus marchas«.
«Los escritos desnudan los actos de corrupción y la violación de la ley en el suministro de materiales bélicos a Venezuela desde Estados Unidos, muchos de ellos con información de la misma página de internet de Rondón», dijo, por su parte, a Efe Patricia Poleo, la autora de los reportajes en dichos medios de Doral, un área del condado Miami-Dade con gran porcentaje de población venezolana.
Según el editor, Rondón y sus empresas «se habrían enriquecido con transacciones con altos funcionarios venezolanos, entre ellas, de chalecos antibalas y dotaciones de defensa e investigación criminal«.
Napolitano aseguró que la citación a los funcionaros fue solicitada por ellos y que tienen pruebas contundentes en contra de Rondón, que hacen parte de la reserva del proceso. EFE
