Luego de conocerse los resultados del operativo de seguridad que se realizó en la Cota 905 donde 14 delincuentes fueron abatidos y se decomisó parte del armamento que utilizaban para delinquir, la coordinadora nacional de Alternativa 1, Andrea Tavares, le exigió al gobierno nacional explicar cómo es posible que armas de alto calibre estén en manos de antisociales.
«El gobierno busca politizar el tema y lo que exigimos es que determinen responsabilidades sobre la forma en que los delincuentes obtienen estos armamentos de guerra, quién se los vende, cuál es su proveedor, cómo lo compran, con qué dinero», aseguró Tavares.
A su juicio, el gobierno debe presentar las pruebas que indiquen que efectivamente las bandas criminales de La Cota 905 están vinculadas con el paramilitarismo y no solamente denunciar sin sustento.
«Lo que queremos saber los venezolanos es cómo es posible que los delincuentes porten granadas, municiones y armas largas en un país donde ni siquiera está permitida la venta pública de municiones».
Tavares cuestionó el número de armas que el gobierno dijo que fueron incautadas en ese operativo (solo dos granadas, 2 armas largas y 12 armas cortas) y alertó sobre el riesgo de implementar ejecuciones extrajudiciales que están al margen de la ley.
«Es cierto que hoy probablemente haya una banda menos en la Cota 905, pero la realidad es que en unos días habrá dos o tres bandas más porque no se ataca el problema de raíz y no se determinan responsabilidades sobre quién les provee las armas y tampoco existe una política penitenciaria que aborde de manera integral la reinserción de los privados de libertad en la sociedad, con la posibilidad de tener una vida digna, de trabajo y progreso, por lo que tenemos un reciclaje permanente de antisociales», agregó Tavares.
