La Mesa de la Unidad Democrática acordó este viernes llevar ante la OEA, Unasur y la Unión Europea las denuncias sobre las recientes inhabilitaciones de tres de sus candidatos a las elecciones parlamentarias, y anunció que emprenderá en los próximos días acciones de calle para protestar contra las sanciones de algunas de sus prominentes figuras y la crisis económica del país sudamericano.
El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, anunció que la coalición enviará al exterior en las próximas horas dos comisiones de alto nivel para denunciar las inhabilitaciones del exalcalde Enzo Scarano, la exdiputada María Corina Machado, y el exalcalde encarcelado Daniel Ceballos, que son tres de los 167 candidatos opositores que competirán en las parlamentarias de diciembre.
«El gobierno quiere no solamente decidir quiénes son los candidatos del gobierno sino también quiere decidir quiénes son los candidatos de la oposición», dijo Torrealba en conferencia de prensa.
Rechazó las recientes medidas de la Contraloría General contra Scarano, Machado y Ceballos, y sostuvo que esas acciones representan un «fraude electoral». El dirigente informó que la llamada Mesa de la Unidad Democrática convocará próximamente a acciones de calle para manifestar contra las inhabilitaciones, la crisis económica y la creciente delincuencia.
«La lista de líderes que quieren silenciar no ha terminado, y frente a eso no podemos claudicar», dijo el dirigente opositor y gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles, al llamar a los sectores opositores a «resistir porque el gobierno no quiere que lleguemos al 6 de diciembre».
Capriles sostuvo que el oficialismo estaría apostando a que la oposición desista de participar en las elecciones por falta de condiciones, pero advirtió » que los sectores adversos al gobierno insistirán en la vía electoral. La oposición figura como favorita para vencer en los comicios de diciembre, según señalan las principales encuestas.
Mientras que Scarano anunció que apelará próximamente la sanción de la Contraloría General que lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por un año.