La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió este jueves a la actual Mesa Directiva Nacional y a la Dirección Política Nacional (DPN) del partido Copei, por incumplimiento de los estatutos de la organización política, evidenciado en irregularidades ocurridas con la destitución y posterior reintegro de miembros de las direcciones estadales, así como la selección de candidatos a los venideros comicios parlamentarios sin consultar a su militancia.
La decisión fue tomada por la instancia judicial ante una solicitud de amparo constitucional hecha por Pedro Urrieta, Ibis Alemán, Alexis Gutiérrez, Wilgen Fernández, electos presidentes de las Mesas Directivas Estadales de la organización en los estados Delta Amacuro, Anzoátegui, Yaracuy y Aragua, quienes habían sido removidos de sus cargos de forma irregular. A la petición también se sumaron Silvia Vásquez, Orlando Medina y Miguel Salazar, electos como miembros de la Dirección Política Nacional.
Aunque el TSJ había ordenado la reincorporación de los presidentes de mesas directivas estadales ya mencionados, ellos alegan que el partido político aún no les ha entregado las actas certificadas de su reintegro, así como no han sido invitados a ninguna reunión de la Dirección Política Nacional.
A este grupo le corresponde «ejercer las funciones y cumplir con las disposiciones previstas en los Estatutos de la mencionada organización política, y en tal sentido, formarán parte de la Dirección Nacional, la Mesa Directiva Nacional y la Junta Ejecutiva Nacional», agrega la sentencia.
Al Consejo Nacional Electoral (CNE), que recibirá las postulaciones la semana próxima, se le ordenó también «abstenerse de aceptar cualquier postulación (por parte de Copei) que no sean las acordadas conforme a los procedimientos de rigor».
Acción inconsulta
Los representantes del partido Copei indica en su petición de amparo constitucional que Roberto Enríquez, quien fungía como presidente del partido, firmó sin consultar a la organización el Acuerdo Nacional para la Transición, suscrito por María Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, que sería el punto de partida del plan desestabilizador, desmontado por las autoridades en febrero de este año.
Vía AVN
