El gasto que ocasiona la compra del “kit” que exige el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), para el traslado de los detenidos a los diferentes centro de reclusión del país, genera una situación insostenible para la Policía de Miranda, debido a que dicha dependencia cuenta con un presupuesto reconducido desde el año 2008, insuficiente incluso para hacer frente a la crisis económica que atraviesa la nación.
“El pasado mes de mayo del año en curso, cuando el ente ministerial impuso la medida, el kit que debía tener cada detenido para hacer efectiva su condena en las cárceles nacionales, tenía un costo de 30 mil bolívares. En la actualidad cada uno está valorado en 33 mil bolívares. Dentro del presupuesto ordinario de la policía no está contemplado ese gasto, por ello el Estado venezolano nos está obligando a pagar un impuesto por detener a los delincuentes”, así lo dio a conocer el director presidente de la Policía de Miranda, comisario general Elisio Guzmán.
Indicó que el MPPSP, debería hacerse cargo de los pasivos que genera la adquisición del kit, el cual consta de dos uniformes, un colchón, un par de zapatos, dos sábanas, una toalla y artículos de aseo personal, para los detenidos que están sentenciados o penados y ya tienen asignado el cupo en un penal.
“A esta exigencia se unen los requisitos solicitados por el ministerio como lo son: un expediente contentivo de la ficha descriptiva, formatos de identificación, cédula de identidad, acta policial, computo de la pena y acta de derechos del imputado. Este proceso burocrático genera que el aprehendido permanezca más tiempo en las salas de detención, produciendo hacinamiento, impunidad, violación de los derechos humanos de los apresados por parte del Estado y un elevadísimo costo horas de hombre, tanto a nivel administrativo como operativo, lo que repercute en la seguridad de los mirandinos”.
En este sentido, reiteró que para la fecha cuentan con 186 aprehendidos en los Centros de Coordinación Policial de la entidad, los cuales tiene una capacidad para albergar solo a 140 personas, por lo que la condición de hacinamiento continúa. “En la sede de Santa Teresa y Los Teques tenemos un excedente de 26 y 23 detenidos respectivamente, alcanzando casi el doble de número que debería estar recluido en esos espacios”.
