Desde que comenzó su segundo gobierno, en enero, la popularidad de Rousseff se precipitó al 8%, en medio de una economía estancada e inflación creciente y un Congreso más rebelde.
Aecio eves, que perdió las últimas elecciones por un estrecho margen, dijo que no quiere anticipar escenarios, al ser consultado sobre si la mandataria termina su segundo mandato. Una manifestación para pedir su destitución fue convocada para el 16 de agosto. Neves aún no decidió si participará
La presidenta brasileña Dilma Rousseff se benefició del escándalo de corrupción de Petrobras, afirmó el senador y excandidato presidencial opositor Aécio Neves, que sostuvo que un juicio de destitución «no puede ser tratado como una tentativa de golpe».
En una entrevista a la revista Veja, publicada el fin de semana, señaló que Rousseff «no va a conseguir rescatar las condiciones de gobernabilidad, por lo menos mientras no tenga coraje de reconocer en público su parcela de responsabilidad por el sufrimiento que esta crisis le está imponiendo a los brasileños».
Neves, que perdió las últimas elecciones por un estrecho margen, dijo que no quiere anticipar escenarios, al ser consultado sobre si Rousseff termina su segundo mandato. Pero aseguró que su «posición es de respeto a la Constitución y el ‘impeachment’ está previsto en la Constitución».
«El impedimento no ocurrirá por deseo de la oposición, pero por la combinación de un conjunto de factores, que incluye obligatoriamente la comprobación de culpa por crímenes (…). No sé si hay elementos de culpa, pero nada impide que surjan más adelante», explicó.
Para que un ‘impeachment’ sea viable debe sortear un análisis técnico antes de pasar a nivel de comisiones y luego, eventualmente, sólo puede ser aprobado por una mayoría especial de dos tercios de los 513 diputados. En caso de atravesar esas instancias, llega al Senado, que se constituye en tribunal.
De la variedad de acusaciones, la mayor amenaza que enfrenta la presidenta es una investigación basada en documentos del Tribunal de Cuentas (TCU) que busca determinar si el gobierno utilizó recursos de la banca pública para pagar programas sociales, algo prohibido por la ley de Responsabilidad Fiscal.
El gobierno sostiene que esa práctica llamada de ‘pedaladas’ ha sido común en otras administraciones, pero el proceso en su contra tiene el apoyo de varios partidos de la oposición, que sospechan que las cuentas públicas fueron maquilladas.
El informe del TCU «es bien firme cuando dice que hubo pedaladas y las evidencias de que la campaña de Dilma recibió dinero ilegal se acumulan. Si esto fue comprobado, la ley está ahí para ser cumplida», lanzó Neves.
«Personalmente nunca cuestioné la idoneidad de la presidenta», pero «no hay duda de que la presidenta y su gobierno no fueron beneficiados por el mayor escándalo de corrupción montado dentro del Estado brasileño [en la estatal Petrobras. La cuestión es saber si lo hizo conscientemente o por omisión. Eso queda a la Justicia descubrirlo», siguió.
AFP
