El gobierno destina anualmente el equivalente a 30 millones de dólares en programas de alimentación escolar gratuita para atender a unos 4 millones de niños en todo el país. El problema, según la Defensoría del Pueblo, es que muchos de esos recursos son manejados por contratistas que no cumplen con los compromisos adquiridos con el gobierno.
Otras veces, son los políticos locales desvían los recursos públicos destinados para la alimentación de los niños para su propio beneficio.
Ante esta grave situación el gobierno y la Defensoría iniciaron las denuncias penales contra los responsables para que sean investigados y condenados por poner en riesgo la vida de miles de niños en todo el país.
Hay indignación en Colombia después de que una investigación de la Defensoría del Pueblo en escuelas de 13 municipios del país revelaran las pésimas condiciones en la alimentación que reciben los estudiantes.
El informe concluyó que se sirven alimentos en descomposición, raciones que no cumplen con los mínimos requerimientos nutricionales, hay pésimas condiciones de higiene en las cocinas de las escuelas y hasta presencia de residuos fecales en las comidas que reciben los menores en estos establecimientos.
