Y se preguntará alguien ¿para qué DDHH si están matando malandros?
Ángel Arellano
Partamos de la siguiente premisa: ni al gobierno de Chávez ni al de Maduro le ha interesado, le interesa o le interesará la inseguridad ciudadana. Nunca. Ellos lo reconocen tácitamente. Veinticinco planes de seguridad han sido impulsados desde que llegaron al poder en 1999 y ninguno ha dado resultados eficientes. Cada uno estuvo acompañado de la misma plegaria demagógica: “Ahora sí vamos con todo contra el hampa”, “Llegó el momento de acabar con la delincuencia”, “Con el ‘Patria Segura’ sí tendremos barrios tranquilos”. Un castillo de naipes.
Hace exactamente un mes, el 13 de julio, el chavismo anunció con bombos y platillos, y con muertos y disparos, el nuevo plan de seguridad para, “ahora sí”, acabar con la delincuencia: Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP). “Liberarlo” y “protegerlo” de la violencia. ¿Cómo? Con más violencia, intentando captar la simpatía de los que están “a monte” por culpa de la delincuencia. “¡Plomo parejo!”. Artimaña electoral. Por naturaleza al gobierno le interesa el conflicto, no la paz. Desde hace más de tres lustros los derechos humanos valen lo mismo que las balas que han asesinado a más de 300 mil compatriotas en las calles.
Como la propaganda da para todo cuando se tiene el control para coaccionar a medios de comunicación independientes cerrando emisoras y canales de televisión, persiguiendo tuiteros, periodistas y páginas web a la par de la consolidación de una plataforma mediática estatal sin límites, al gobierno no le cuesta mucho poner de moda nuevos términos. Es así como los revendedores, especuladores, acaparadores y buhoneros, calificativos históricos incluso en la Revolución, pasaron a ser “bachaqueros”. De la misma forma se insertó en la agenda pública la sigla OLP. Ahora cualquier frase emitida por la nomenclatura chavista pasa por aderezarla con esas tres letras.
Paradójico que en el país con más homicidios per cápita en toda América sea tema de discusión el nuevo programa de seguridad que tiene más de reality show sangriento que de programa, un espectáculo en el que contingentes de militares y policías invaden los barrios más peligrosos para “liberar” por unos minutos al pueblo de sus verdugos que a la sazón están pagados por la derecha, la oposición, Estados Unidos… Por unos minutos. No se ha detectado un descenso en el índice de violencia luego de las sacudidas que se llevan por el medio a culpables, sospechosos e inocentes. ¿Será casualidad que ningún “pran” relevante ha caído tras alguna de las OLP practicadas?
De acuerdo con cifras oficiales se han realizado 21 operativos de las OLP en 12 estados. La intervención de 17 mil efectivos ha dejado un saldo de 931 detenidos y 52 muertos. Han decomisado 1017 armas y 2094 municiones, menos de lo que se encuentra en cualquier centro penitenciario del país. 27 funcionarios fueron necesarios para realizar una detención, 221 para decomisar un arma, 154 para rescatar un vehículo, 307 para una moto, y 60 para recuperar uno de los 356 apartamentos de Misión Vivienda dentro de las “Zonas de Paz” (hay docenas de denuncias por desalojos injustificados).
Existe una desproporción evidente en las OLP. Una “cayapa” para capturar a un delincuente. No actúan fiscales, defensores ni garantes de los Derechos Humanos. Y se preguntará alguien ¿para qué DDHH si están matando malandros? La fuerza, cuando se desborda, arremete contra todo lo que está a su paso. Van muchas denuncias por abuso contra inocentes… y las que faltan. Como me dijo mi amigo Max Guerra, es como meter a un elefante en una cristalería.
