Han sido atendidas 751 personas, de las cuales 612 son adultos y 139 menores de edad que fueron deportados de Venezuela
El gobierno colombiano instaló el lunes un puesto en la localidad de Cúcuta para atender la crisis humanitaria provocada tras el cierre de la frontera con Venezuela impuesto por Caracas.
Hasta ahora han sido atendidas 751 personas, de las cuales 612 son adultos y 139 menores de edad que fueron deportados de Venezuela. De ese total 514 personas han sido alojadas en albergues habilitados en Villa del Rosario, en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y a 400 kilómetros al noreste de Bogotá, explicó el gobierno en un comunicado de prensa.
El puesto de mando fue instalado por la canciller María Ángela Holguín, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.
El presidente Nicolás Maduro ordenó el viernes el estado de excepción, que incluye el cierre de la frontera, después de que tres soldados resultaron heridos por hombres armados que, según el gobernante, pertenecían a pandillas paramilitares que operan en Colombia.
Aunque los agresores siguen prófugos, el incidente provocó una airada respuesta de Maduro, que envió 1.500 soldados a patrullar la zona en busca de contrabandistas y bandas colombianas a las que acusa de contribuir a la violencia y el extendido desabastecimiento en Venezuela.
En lo que va del año, de acuerdo con Migración de Colombia, han sido deportadas desde Venezuela 3.874 personas, sin las del último fin de semana. En 2014 fueron deportados de territorio venezolano 1.772 colombianos.
El ministro Cristo dijo a la emisora local Blu Radio que en el caso del cierre de la frontera por parte de Venezuela el gobierno colombiano actúa con firmeza pero con prudencia.
«No podemos generar un clima de mayor confrontación que termine afectando fundamentarme a los habitantes de la frontera», enfatizó.
La Defensoría del Pueblo rechazó las medidas de expulsión de colombianos desde Venezuela «pues más allá de las disposiciones administrativas y legales autónomas de cada nación, existen circunstancias que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, como ha ocurrido en este caso».
El gobernador del estado fronterizo venezolano de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, rechazó las acusaciones de malos tratos a los deportados, que The Associated Press no pudo verificar, y afirmó que ni una sola familia se había visto dividida y todos los deportados fueron tratados con respeto.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, un feroz crítico de Maduro, dijo en Twitter que tenía previsto viajar el lunes a Cúcuta para expresar «solidaridad con los maltratados del dictador».
AP
