Colombianos deportados: Había niños y no les importó, los guardias nos sacaron como perros

El sábado, cuando aún dormía en su humilde vivienda, mitad cemento y mitad latas de zinc, en el barrio de invasión Mi Pequeña Barina, en el municipio de San Antonio, la colombiana Gladys Navarro, su esposo y sus tres hijos fueron sorprendidos por las patadas que los miembros de la Guardia Nacional, armados con fusiles, les daban a la puerta y muebles.

Navarro, quien estaba en pijama, vivía en ese barrio desde hace 10 años, pero eso no les importó y la sacaron a empujones. Ni sus tres pequeños hijos se salvaron del supuesto “censo” que los uniformados dijeron iban a realizar y que se convirtió, en lo que los colombianos deportados han denominado “un plan de limpieza”.

Hasta este lunes en la noche, el Puesto de Mando Unificado en Cúcuta reportaba que iban 861 colombianos deportados, la mayor expulsión de connacionales por el Gobierno venezolano, lo que obligó a la alcaldía de Cúcuta decretar este lunes el estado de calamidad pública. La medida permite a la administración local acceder a recursos y ayudas inmediatas para afrontar la emergencia.

La misma redada del sector de Mi Pequeña Barina (estado Táchira) se extendió durante todo el fin de semana a las también invasiones de Ezequiel Zamora, La Guadalupe y El Ché Guevara, donde, casa por casa, y con la misma agresividad, ubicaron a los nacionales.

Yormari Castaño, residente del barrio Ezequiel Zamora, dice que la llevaron a un parque con sus dos pequeñas sobrinas. Allí, decenas de colombianos no entendían por qué los agrupaban, ni sabían qué pasaría con ellos.

La zozobra fue peor cuando los hombres de la Guardia empezaron a marcar con una R o una D las casas en las que llevaban varios años viviendo. No sabían qué significaba. Horas después se dieron cuenta de que las primeras habían sido “revisadas” y las segundas serían “demolidas”. “Aunque algunas que tenían la R también nos las tumbaron”, dijo uno de los refugiados en Cúcuta.

Los vecinos de Ezequiel Zamora, que vivían en un sector aledaño al río Táchira, aseguran que esas casas derribadas se las había regalado el hoy desaparecido presidente Hugo Chávez.

En medio del operativo, mientras estaban en el parque, los colombianos alcanzaron a ver cómo unos militares saquearon sus viviendas y las pertenencias que habían acumulado en los últimos años: motos, televisores y computadores fueron a parar a manos de los uniformados.

“Había niños, y eso no les importó, nos sacaron como perros”, dijo Yormari Castaño, quien contó que a su casa le pusieron la D.

Pero la redada, que se inició antes de la declaratoria del estado de excepción en la frontera, una medida posterior a la orden de cierre de 72 horas, fue el final de una serie de señalamientos y seguimientos que se vienen dando contra colombianos residentes en ese país.

Todo el sector de invasiones de San Antonio estaba focalizado por las autoridades como una zona donde residían, supuestamente, paramilitares, extorsionistas y contrabandistas.

Pero así como hay colombianos que fueron detenidos y deportados, también hay otros que cayeron en las redadas y sus familiares aún no saben qué pasó con ellos. Yuleima Rodríguez reveló que su hijo, de 27 años y quien padecía de discapacidad cognitiva, fue sacado de la casa a las 5 de la mañana del viernes,le pusieron una capucha negra y luego fue llevado a otro lugar, pero hoy no sabe nada de él.

A él y a otros siete hombres del sector, a los que también les taparon los rostros, las autoridades venezolanas los señalaron de paramilitares. “Trabajaba allá, tenía su casita, que se la desbarataron. Con decir que son ‘paracos’ los sacaron de allá”, dijo la madre.

Otros hombres colombianos, temerosos de ser señalados de delincuentes y de ser agredidos, decidieron escapar hacia Colombia antes de caer en manos de las autoridades venezolanas.

Un hombre de 30 años, que junto con su esposa trabajaba como costurero y que prefirió no dar el nombre, aseguró que tras conocer sobre la redada tomó la decisión de huir, el domingo, por una trocha y cruzar el fuerte caudal que tiene el río Táchira, junto al hijo de una vecina, un menor de 13 años, porque los mayores estigmas lo llevan los hombres. “Sí me hubieran detenido, no me iban a deportar, sino a meter preso, porque para esa gente los colombianos somos solo delincuentes”, dijo este connacional que hoy se encuentra en un albergue dispuesto en Cúcuta.

Sigue espera por 34 niños

Aunque este lunes regresó la tranquilidad para una madre colombiana deportada por Venezuela, que alcanzó a reencontrarse con sus tres hijos que se habían quedado en el país vecino, aún continúa el drama para los padres de otros 34 menores que aseguran que sus hijos por tener nacionalidad venezolana fueron puestos en poder de la Lopna (ley orgánica para la protección del niño y el adolescente).

Las claves tras la crisis

1. Elecciones

No son pocos los líos que el Gobierno, por su cuestionada gestión, debe encarar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. “Estamos hablando de que 2015 va a cerrar con una inflación muy cercana al 200 por ciento. Para comprar lo que antes comprábamos con un billete de 100 bolívares hoy necesitamos 15 billetes”, explica el analista Henkel García, director de Econométrica.

“Con el cierre de la frontera, lo que estamos viendo es otro intento del Gobierno de trasladar el costo político de la crisis, que resiente un estancamiento económico fuerte. Por eso creemos que habrá un endurecimiento en las decisiones que podría generar incluso la postergación de las elecciones”, opina.

2. ¿Globo-ensayo?

Para el politólogo y profesor de la Universidad Central Luis Salamanca, “lo que vemos que están haciendo en el Táchira luce como un globo de ensayo que podría aplicarse a todo el país. Asegurar que la supuesta amenaza paramilitar es tan grande que hay que ampliarla a todo el territorio –o algunos estados, quizá muy sensibles electoralmente para el Gobierno– y entonces hacer unas elecciones en un contexto en el que se puede suspender la campaña electoral, las movilizaciones, las reuniones y limitar aún más la comunicación”.

Salamanca recuerda que decretar un estado de excepción no permite suspender unas elecciones, pero sí crea un contexto de derechos restringidos.

3. Seguridad

El cierre de la frontera y el decreto de estado de excepción se han implementado al mismo tiempo que Nicolás Maduro ordena la realización de operativos de “Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) para combatir el crimen en áreas específicas y desarticular la infiltración del paramilitarismo.

Solo en el año 2014, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), ocurrieron 24.980 muertes violentas, lo que arroja una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Los expertos analizan que se trata de un paquete de decisiones del oficialismo que busca, en parte, lidiar con el problema de seguridad ciudadana, pero esencialmente espera disminuir la brecha electoral con la oposición, que le lleva más de 20 por ciento en la intención de voto.

Otras fronteras bajo discriminación

República Dominicana-Haití: el río Masacre sirve de frontera a estos dos países en la isla de La Española. El afluente separa a una creciente economía caribeña, de uno de los países más pobres del mundo, devastado por el hambre y la pobreza. Mafias dominicanas cobran entre 100 y 200 dólares a cada haitiano para entrarlo al país. Grupos de la sociedad dominicana aseguran que la manutención de los haitianos sin documentos le cuesta mucho al Estado, pero el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) afirma que ellos, con sus remesas, aportan el 5,4 por ciento del PIB.

Israel-Gaza: el límite entre Israel y el territorio palestino de Gaza es de los más desiguales del mundo. Gaza sufre el bloqueo israelí, y en ese sentido está prácticamente aislada del mundo.

Las fuerzas israelíes han incursionado en diversas ocasiones en Gaza, la última de ellas la Operación Margen Protector, para atacar al grupo Hamás, que expulsó a Al Fatah en el 2007. La práctica muy habitual israelí en Gaza es la destrucción de viviendas de quienes considera han cometido atentados terroristas; o la detención administrativa en la que se mantiene encerrados a sospechosos de actos terroristas sin un proceso judicial.

EE UU-México: el tráfico de personas es la mayor actividad ilegal entre estos dos países. Buena parte de la economía de EE. UU. se nutre de los indocumentados que atraviesan el río Grande. El precandidato republicano a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, ha creado polémica al insinuar la construcción de un muro de 3.200 kilómetros en toda la línea fronteriza.