A través de un comunicado, la Iglesia venezolana insta al gobierno venezolano a “no estigmatizar a todo un colectivo de presuntos delitos sin el debido proceso y el derecho a la defensa”
La Conferencia Episcopal de Venezuela manifestó este viernes su solidaridad con los ciudadanos colombianos que han sido deportados en los últimos días tras el cierre de la frontera por parte del Gobierno venezolano.
“Nos solidarizamos con los millones de colombianos que han hecho vida en nuestra patria y nos han enriquecido con sus virtudes y capacidades”, indicó en un comunicado.
La CEV manifestó sentirse profundamente preocupada por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en la frontera.
“Persisten las denuncias sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, encargados de realizar dicho operativo”, agrega el documento, firmado por los monseñores Roberto Lückert, presidente de la Oficina de Justicia y Paz de la CEV, y por Baltazar Porras, presidente de la Comisión de Pastoral Social Cáritas.
«En un Estado democrático de derecho y de justicia, no es posible aceptar que en aras de la defensa nacional, la seguridad y la soberanía, se hagan procedimientos militares de alta peligrosidad contra la población civil (…) No se puede estigmatizar a todo un colectivo de presuntos delitos sin el debido proceso y el derecho a la defensa”, agrega la institución.
La Conferencia Episcopal hizo un llamado a las autoridades garantes de los derechos humanos de ambos países para que el conflicto «no se convierta en un problema político o ideológico, ni en una ocasión para promover la xenofobia o el desprecio de ningún ciudadano por razón de su origen». Además, piden que se les permita a los deportados regresar a Venezuela para recuperar las pertenencias que dejaron por la abrupta salida del país.
Más de 1.000 personas han sido deportadas en la zona fronteriza, según datos de Migración de Colombia.
