La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió hoy a Venezuela a detener de manera inmediata cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria de colombianos, ante la crisis fronteriza entre las dos naciones.
«La Comisión expresa su profunda preocupación ante las deportaciones arbitrarias y colectivas de migrantes colombianos en situación irregular que vienen siendo realizadas por las autoridades venezolanas en el estado fronterizo de Táchira, Venezuela», indicó en una nota este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
La CIDH pidió también a Venezuela que garantice que cualquier migrante en situación irregular tenga acceso a un procedimiento que cumpla con las garantías del debido proceso antes de ser deportado y a que se proteja el principio de unidad familiar.
«La Comisión insta a las autoridades venezolanas a abstenerse de adoptar cualquier medida tendiente a destruir las propiedades de las personas colombianas», añade la nota.
El comisionado Felipe González, relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, dijo que para la Comisión «es sumamente preocupante la situación que están enfrentando las personas colombianas que viven o vivían en el estado de Táchira tras la declaratoria del estado de excepción y el cierre de la frontera por parte del Estado venezolano».
«La información de la que disponemos indica que estas deportaciones se estarían realizando de forma arbitraria, sin que se respetasen garantías de debido proceso migratorio, el principio de la unidad familiar, el interés superior del niño, el derecho a la integridad personal, ni el derecho a la propiedad de estas personas», agregó.
Según la CIDH, la forma en la que se están llevando a cabo estas deportaciones indica que «a esas personas se les están violando múltiples derechos humanos y que están siendo expulsadas de forma colectiva, algo que es completamente con contrario al derecho internacional».
«Desde la Comisión también nos preocupa que entre las personas deportadas se encuentran refugiados y otras personas que requieren protección internacional, sobre las cuales el Estado venezolano tiene un deber de respetar el principio de no devolución», subraya el organismo.
Ante «la posibilidad» de que padres o familiares de personas a quienes les corresponde la nacionalidad venezolana sean deportados, la CIDH considera que los procedimientos que puedan llevar a la deportación de estas personas deben tomar en consideración «el principio del interés superior de los hijos de los migrantes y la protección del derecho a la vida familiar y el principio de unidad familiar».
