En el encuentro de embajadores este lunes, la votación quedó 17 a favor, 5 en contra y hubo 11 abstenciones. Colombia necesitaba 18 para que se convocara la reunión.

Colombia pide que la OEA reaccione y no guarde silencio frente a lo que califica de una grave situación humanitaria en la frontera.

Los países que votaron en contra fueron Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua.

Pero el gobierno de Colombia no se rinde: dice que presentará más información a los países que se abstuvieron para una nueva votación.

Panamá hizo una oferta aparte para servir como canal en la tensión entre Colombia y Venezuela.

«Colombia está indignada»

Durante la sesión extraordinaria en Washington, el embajador colombiano Andrés González dijo que «Colombia entera está indignada, ultrajada».
«No creemos que decisión de deportaciones colectivas sin debido proceso se apegue al derecho internacional», señaló González.

González dijo que el gobierno colombiano clama  a la comunidad internacional, al derecho y a la justicia que se garantice el debido proceso a esos seres humanos.

«El contrabando no se resuelve deportando a gente humilde», manifestó.

Chaderton: «Irregulares se llevan nuestros alimentos»

Por su parte, el embajador venezolano Roy Chaderton aseguró que «la decisión soberana del gobierno de Venezuela, respaldada por el pueblo, busca proteger los derechos básicos» y que 5.500.000 colombianos han sido deportados de Colombia a Venezuela en 60 años por la pobreza y la guerra de su país de origen.

Chaderton también criticó al expresidente Álvaro Uribe, quien —según él— fue a Cúcuta a «agitar» a los colombianos con fines electorales.

CIDH pide garantías a Venezuela

En entrevista con Patricia Janiot, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez, dijo que el organismo ha expresado preocupación por las deportaciones «colectivas y arbitrarias».
«Hemos pedido a Venezuela que se den garantías de debido proceso».

Álvarez dijo que Venezuela está obligado a cumplir con los derechos humanos por un principio de congruencia.

En el encuentro de embajadores este lunes, la votación quedó 17 a favor, 5 en contra y hubo 11 abstenciones. Colombia necesitaba 18 para que se convocara la reunión.

Colombia pide que la OEA reaccione y no guarde silencio frente a lo que califica de una grave situación humanitaria en la frontera.

Los países que votaron en contra fueron Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua.

Pero el gobierno de Colombia no se rinde: dice que presentará más información a los países que se abstuvieron para una nueva votación.

Panamá hizo una oferta aparte para servir como canal en la tensión entre Colombia y Venezuela.

«Colombia está indignada»

Durante la sesión extraordinaria en Washington, el embajador colombiano Andrés González dijo que «Colombia entera está indignada, ultrajada».
«No creemos que decisión de deportaciones colectivas sin debido proceso se apegue al derecho internacional», señaló González.

González dijo que el gobierno colombiano clama  a la comunidad internacional, al derecho y a la justicia que se garantice el debido proceso a esos seres humanos.

«El contrabando no se resuelve deportando a gente humilde», manifestó.

Chaderton: «Irregulares se llevan nuestros alimentos»

Por su parte, el embajador venezolano Roy Chaderton aseguró que «la decisión soberana del gobierno de Venezuela, respaldada por el pueblo, busca proteger los derechos básicos» y que 5.500.000 colombianos han sido deportados de Colombia a Venezuela en 60 años por la pobreza y la guerra de su país de origen.

Chaderton también criticó al expresidente Álvaro Uribe, quien —según él— fue a Cúcuta a «agitar» a los colombianos con fines electorales.

CIDH pide garantías a Venezuela

En entrevista con Patricia Janiot, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez, dijo que el organismo ha expresado preocupación por las deportaciones «colectivas y arbitrarias».
«Hemos pedido a Venezuela que se den garantías de debido proceso».

Álvarez dijo que Venezuela está obligado a cumplir con los derechos humanos por un principio de congruencia.