De los 207 detenidos en los calabozos de la Policía de Miranda, 19 ya habían sido capturados en reiteradas ocasiones por el cuerpo de seguridad estadal, tras haber reincidido en su conducta criminal. La cifra deja entrever que el sistema de leyes venezolanas concedió la libertad o beneficios procesales a estos individuos, quienes no perdieron la oportunidad de volver a ser verdugos para la ciudadanía.
Aproximadamente el 10% de los aprehendidos del ente policial, habría sido detenido en el pasado, al menos en una ocasión por dicho organismo. Tras los barrotes hay historias de personas que han sido capturadas en nueve oportunidades por los efectivos estadales. También la de otros que luego de un mes que fueron liberados por la legislación nacional, volvieron a ser arrestados por reincidir en su conducta delictiva. Literalmente han venido usando los calabozos de la Policía de Miranda, como un hostal.
El director presidente de la Policía de Miranda, comisario general Elisio Guzmán Cedeño, explica que en las salas de guarda y custodia de la Comandancia General de la Policía de Miranda, ubicada en Los Teques, se concentra la mayor cantidad de aprehendidos y de reincidentes. En dichos espacios habitan 63 privados de libertad, cuando debería haber un máximo de 30 personas. Catorce de ellos ya habían sido sorprendidos en flagrancia en un delito anterior.
“La reincidencia ocurre, en gran medida, porque el sistema de justicia otorga al aprehendido una medida que prácticamente lo absuelve del delito que cometió y que lo hace merecedor de un boleta de libertad, la cual no va acompañada con los elementos que requiere el sujeto para alejarse de su acción delictiva. Es decir, no existe un análisis consciente de la conducta reiterativa que ya tiene, o puede tener, alguien que estuvo preso para determinar si realmente merece dicho beneficio”, dice Guzmán.
Otros casos que llaman la atención es el de dos jóvenes que fueron atrapados en mayo y julio de 2015, en hechos aislados ocurridos en Los Teques, en los que fueron señalados de amenazar de muerte a ciudadanos mirandinos para despojarlos de sus teléfonos celulares. A pocos días del suceso, el sistema ordenó su liberación. En menos de un mes, ambos fueron aprehendidos nuevamente por la Policía de Miranda, por robo en una unidad de transporte público y el otro por apropiación indebida de un automotor.
“La victima ya no es sólo quien resultó agraviado por su delito, sino toda la sociedad, la cual termina siendo embestida por aquella decisión, que no tomó en cuenta que el hombre requería un trabajo digno, la oportunidad de educarse, un hogar y otros elementos sin los cuales se verá obligado o decidirá recaer en la delincuencia, quizás en menor escala o con mayor nivel de violencia”, citó Guzmán.
En el Centro de Coordinación Policial 2, ubicado en Charallave, municipio Cristóbal Rojas, donde la sobrepoblación carcelaria supera por 20 el número de aprehendidos para el que fue diseñado el recinto (20), existen cuatro personas que fueron detenidas en más de una ocasión por los uniformados regionales. Uno de ellos ingresó por primera vez en 2012 por violencia de género, luego en febrero de 2015, por conducir una moto solicitada y pocos días después protagonizó un riña callejera, por la cual fue privado de libertad otra vez.
“¿Cuántas veces tenemos que detener al mismo individuo por diferentes motivos? ¿Por qué el sistema deja libre a un hombre que no está apto para salir de forma proactiva en su entorno social? Estas reflexiones nos hacen pensar que en nuestro país se están otorgando beneficios para delinquir y que la población, en ausencia de una respuesta satisfactoria, ha buscado una alternativa a la justicia ordinaria, tomándola en sus propias manos. De esta forma vemos entonces que aumentan los linchamientos de algunos presuntos delincuentes, como ha venido ocurriendo en días recientes”.
Para quien violó la ley, lo que debieron ser 48 horas tras las rejas en una policía, se convierten en meses y años a la espera de un cupo a las cárceles nacionales por parte del Ministerio de Prisiones, por las deficiencias del sistema. “Durante ese tiempo, sin el esparcimiento correcto, sin comida, sin una visita adecuada de sus seres queridos, ni la oportunidad de siquiera dormir tranquilamente, el privado de libertad solo desea su libertad a toda costa. Cuando la consigue sólo recuerda haber sobrevivido instintivamente a la violencia de la cárcel y por ello, cuando está libre, reincide en el uso de esa violencia para subsistir”, concluyó Guzmán.
De los 207 detenidos en los calabozos de la Policía de Miranda, 19 ya habían sido capturados en reiteradas ocasiones por el cuerpo de seguridad estadal, tras haber reincidido en su conducta criminal. La cifra deja entrever que el sistema de leyes venezolanas concedió la libertad o beneficios procesales a estos individuos, quienes no perdieron la oportunidad de volver a ser verdugos para la ciudadanía.
Aproximadamente el 10% de los aprehendidos del ente policial, habría sido detenido en el pasado, al menos en una ocasión por dicho organismo. Tras los barrotes hay historias de personas que han sido capturadas en nueve oportunidades por los efectivos estadales. También la de otros que luego de un mes que fueron liberados por la legislación nacional, volvieron a ser arrestados por reincidir en su conducta delictiva. Literalmente han venido usando los calabozos de la Policía de Miranda, como un hostal.
El director presidente de la Policía de Miranda, comisario general Elisio Guzmán Cedeño, explica que en las salas de guarda y custodia de la Comandancia General de la Policía de Miranda, ubicada en Los Teques, se concentra la mayor cantidad de aprehendidos y de reincidentes. En dichos espacios habitan 63 privados de libertad, cuando debería haber un máximo de 30 personas. Catorce de ellos ya habían sido sorprendidos en flagrancia en un delito anterior.
“La reincidencia ocurre, en gran medida, porque el sistema de justicia otorga al aprehendido una medida que prácticamente lo absuelve del delito que cometió y que lo hace merecedor de un boleta de libertad, la cual no va acompañada con los elementos que requiere el sujeto para alejarse de su acción delictiva. Es decir, no existe un análisis consciente de la conducta reiterativa que ya tiene, o puede tener, alguien que estuvo preso para determinar si realmente merece dicho beneficio”, dice Guzmán.
Otros casos que llaman la atención es el de dos jóvenes que fueron atrapados en mayo y julio de 2015, en hechos aislados ocurridos en Los Teques, en los que fueron señalados de amenazar de muerte a ciudadanos mirandinos para despojarlos de sus teléfonos celulares. A pocos días del suceso, el sistema ordenó su liberación. En menos de un mes, ambos fueron aprehendidos nuevamente por la Policía de Miranda, por robo en una unidad de transporte público y el otro por apropiación indebida de un automotor.
“La victima ya no es sólo quien resultó agraviado por su delito, sino toda la sociedad, la cual termina siendo embestida por aquella decisión, que no tomó en cuenta que el hombre requería un trabajo digno, la oportunidad de educarse, un hogar y otros elementos sin los cuales se verá obligado o decidirá recaer en la delincuencia, quizás en menor escala o con mayor nivel de violencia”, citó Guzmán.
En el Centro de Coordinación Policial 2, ubicado en Charallave, municipio Cristóbal Rojas, donde la sobrepoblación carcelaria supera por 20 el número de aprehendidos para el que fue diseñado el recinto (20), existen cuatro personas que fueron detenidas en más de una ocasión por los uniformados regionales. Uno de ellos ingresó por primera vez en 2012 por violencia de género, luego en febrero de 2015, por conducir una moto solicitada y pocos días después protagonizó un riña callejera, por la cual fue privado de libertad otra vez.
“¿Cuántas veces tenemos que detener al mismo individuo por diferentes motivos? ¿Por qué el sistema deja libre a un hombre que no está apto para salir de forma proactiva en su entorno social? Estas reflexiones nos hacen pensar que en nuestro país se están otorgando beneficios para delinquir y que la población, en ausencia de una respuesta satisfactoria, ha buscado una alternativa a la justicia ordinaria, tomándola en sus propias manos. De esta forma vemos entonces que aumentan los linchamientos de algunos presuntos delincuentes, como ha venido ocurriendo en días recientes”.
Para quien violó la ley, lo que debieron ser 48 horas tras las rejas en una policía, se convierten en meses y años a la espera de un cupo a las cárceles nacionales por parte del Ministerio de Prisiones, por las deficiencias del sistema. “Durante ese tiempo, sin el esparcimiento correcto, sin comida, sin una visita adecuada de sus seres queridos, ni la oportunidad de siquiera dormir tranquilamente, el privado de libertad solo desea su libertad a toda costa. Cuando la consigue sólo recuerda haber sobrevivido instintivamente a la violencia de la cárcel y por ello, cuando está libre, reincide en el uso de esa violencia para subsistir”, concluyó Guzmán.
