Venezuela abrió este viernes la frontera con Colombia para permitir que niños que habían interrumpido sus estudios por el cierre parcial de la zona limítrofe puedan asistir a clases pese a la crisis bilateral, informó el gobierno colombiano.
“¡Buenas noticias! Habilitado el corredor humanitario en la frontera para que los niños regresen a clase”, informó vía Twitter la cartera de Educación en Colombia.
Permitir el paso de los menores fue una de las “condiciones” que el presidente Juan Manuel Santos impuso el jueves para reunirse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, con el fin de solucionar la crisis fronteriza que tensa las relaciones bilaterales desde hace tres semanas.
“Es un gran paso, los dos presidentes tendrán que conversar en su momento. Todos los que vivimos en la frontera esperamos esto”, afirmó Alejandro García, alcalde del municipio Ureña, limífrofe con el colombiano de Cúcuta.
Así, por el puente internacional Simón Bolívar -cerrado por orden de Maduro-, se espera el tránsito de entre 1.000 y 1.500 niños que, aún residiendo en Venezuela, estudiaban en Colombia, agregó García.
Para sostener un diálogo con Maduro, Santos pidió además permitir el ingreso de 15 camiones a territorio venezolano para que los cerca de 1.300 deportados colombianos puedan recuperar sus pertenencias, así como el respeto de los “protocolos mínimos” para la expulsión de estas personas de su territorio.
Si esas “condiciones mínimas humanitarias se cumplen, yo me siento a arreglar este problema”, dijo el jueves el jefe de Estado colombiano.
La crisis comenzó el 19 de agosto con el cierre de parte de la frontera decretado por Maduro en el estado Táchira, limítrofe con el departamento colombiano de Norte de Santander, tras un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando, que el mandatario atribuyó a “paramilitares colombianos”.
La tensión aumentó hace una semana, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos de los damnificados, que suman más de 11.000 entre quienes han sido deportados y quienes han huido de Venezuela por temor a serlo.
Ambos países comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que denuncian la actividad de grupos irregulares que se lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.
