Venezuela volvió a rechazar hoy una nueva oferta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visitar el país caribeño y acusó al organismo de parcialidad en la audiencia pública que abrió el 156 periodo de sesiones en Washington.
El representante del Gobierno para derechos humanos, Germán Saltrón, dijo que la CIDH no podrá visitar su país hasta que no «rectifique del error de haber apoyado el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002».
«Mientras no cumplan esta condición, no son dignos de visitar nuestro país», afirmó.
Saltrón rechazó así la oferta del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, Edison Lanza, de visitar el país caribeño para comprobar la situación de los derechos humanos.
«Hemos estado en 15 países sin ningún tipo de problema. Por eso, solicitamos visitar Venezuela a la mayor brevedad, para que cese el clima de polarización», propuso Lanza.
Los representantes del Gobierno volvieron a lanzar hoy duras acusaciones contra la Comisión en la primera de las cuatro audiencias sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño que hoy acoge el organismo en su sede de Washington.
Luis Britto García, miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, acusó a la Comisión de parcialidad y de ser un ente «de quinta categoría» por «no registrar las violaciones de la potencia que más viola los derechos humanos, Estados Unidos».
El comisionado Felipe González, relator para Venezuela y Estados Unidos, considero «injustas» estas acusaciones y recordó que la Comisión ha celebrado 12 audiencias sobre Estados Unidos, emitido medidas cautelares y elaborado informes sobre temas como la inmigración o el penal de Guantánamo.
«El Estado (de Venezuela) no se ha hecho cargo de las observaciones sobre las deficiencias de acceso a la información pública, el Estado no ha proporcionado esa información y eso es un elemento a considerar», afirmó González.
El relator para el país caribeño defendió asimismo «el derecho de los medios locales a informar sobre investigaciones de medios extranjeros».
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció en abril pasado por difamación a los medios que reprodujeron una información del diario español ABC en la que se decía que era investigado en EE.UU., por supuestas vinculaciones con el narcotráfico.
Los representantes de la sociedad civil en la primera audiencia sobre Venezuela, centrada en la situación del derecho a la libertad de expresión, denunciaron la falta de información pública, el bloqueo a los medios críticos y la falta de papel para los periódicos que cuestionan al Gobierno.
La directora ejecutiva de la organización Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, denunció que el derecho a la información pública es «prácticamente inexistente» y que la corrupción en Venezuela «afecta a todas las estructuras del Estado».
El abogado Oswaldo Cali, de la organización Espacio Público, dijo «que un 25 % de los periódicos venezolanos no tienen papel y justo son los críticos con el Gobierno».
Los representantes del Gobierno venezolano rechazaron estas acusaciones y aseguraron que nunca, como ahora, ha habido tanto debate público en el país caribeño. EFE
