El Ministerio Público acusó a los jueces itinerantes de El Vigía en el estado Mérida, Carlos Luis Serrano Contreras y Juan Carlos Alviares Villamizar, así como para el abogado Elisandro Meza Méndez, por presuntamente solicitar y recibir dinero a cambio de otorgar la libertad a cinco personas involucradas en el delito de contrabando.
Los fiscales 19° y auxiliar de esa jurisdicción, Jackeline del Valle Barrios y Alexis Sánchez, respectivamente, acusaron Alviares Villamizar ser presunto autor del delito de suposición de valimiento continuado, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Mientras que Serrano Contreras fue acusado como cómplice necesario en el delito de suposición de valimiento continuado, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Entre tanto, Meza Méndez fue acusado por el delito de suposición de valimiento continuad, en grado de cooperador inmediato y asociación para delinquir.
En el escrito presentado ante el Tribunal 7º de Control de Mérida, los representantes del Ministerio Público solicitaron que se mantenga la medida privativa de libertad contra las tres personas, quienes permanecerán recluidas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en esa ciudad.
Vale destacar que durante la audiencia de presentación, la citada instancia judicial había ordenado para los hoy privados de libertad la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles; la inmovilización de sus cuentas bancarias, la incautación de los vehículos de los jueces y la confiscación de 50 mil bolívares en efectivo, hallados en la casa de Alviares Villamizar.
El pasado 26 de agosto, familiares de detenidos por el delito de contrabando acudieron a la Fiscalía Superior del estado Mérida a denunciar que los mencionados jueces itinerantes y el abogado les solicitaron dinero a cambio de otorgarle la libertad a sus parientes.
De inmediato, el Ministerio Público coordinó varias diligencias de investigación que determinaron la vinculación de los tres hombres con el hecho, puesto que las víctimas habían cancelado más de un millón 300 mil bolívares.
También se logró corroborar que los dos jueces itinerantes poseían vehículos y bienes muebles e inmuebles que no pudieron justificar respecto a su situación patrimonial.
Por esta razón, Serrano, Alviares y Meza fueron detenidos en horas de la tarde del pasado 28 de septiembre en distintos procedimientos ejecutados por funcionarios del Sebin, en virtud de órdenes de aprehensión requeridas por el Ministerio Público y acordadas por la mencionada instancia judicial de Mérida.
