Un intento de fuga por parte de los 67 privados de libertad que se encuentran en la sede de la Comandancia General de la Policía de Miranda, ubicada en Los Teques, fue frustrado por los efectivos estadales durante una requisa en la que fueron hallados varios barrotes desprendidos de una de las celdas.
El director presidente del organismo de seguridad regional, comisario general Elisio Guzmán, dijo que al hacer las inspecciones de rigor de los calabozos, los efectivos se percataron que dos barrotes metálicos de una de las Salas de Guarda y Custodia habían sido aflojados al punto de estar desprendidos y que en otras dos celdas los detenidos habían cavado un orifico en la pared de diez centímetros cada uno.
De acuerdo a Guzmán, la sobrepoblación de detenidos está generando una alarma permanente en el organismo, puesto que en todos los Centros de Coordinación Policial superan la capacidad de albergue para los reclusos, lo que ocasiona que actúen de forma violenta y dañen las estructuras para tratar de fugarse.
“En esta oportunidad, la acción constante de vigilancia permitió identificar a tiempo una evasión. Si esto llegase a ocurrir, tendríamos un escenario de riesgo para la ciudadanía en general, porque en los espacios de reclusión tenemos a 67 personas, cifra que duplica el tope de las instalaciones (30).
No es fácil para la policía preservar la seguridad tras los barrotes, tampoco es fácil para el privado de libertad tener que convivir bajo el asedio de una multitud que se aglomera cada vez más por la indolencia del Ministerio de Prisiones y la lentitud del sistema de justicia”, dijo.
En ese sentido enfatizó que existe una indiferencia por parte del Ejecutivo Nacional sobre el peligro inminente que representa el hacinamiento y que pueden ocurrir situaciones de peligro como motines, fugas y huelgas de hambre, por parte de las 212 personas que están detenidas en las diferentes sedes de la Policía de Miranda, cuya capacidad es solo de 140 personas.
“Lo que parece no entender el Gobierno Nacional es que la mala administración penitenciaria y de justicia, está violando los Derechos Humanos de toda la sociedad y que demorar el otorgamiento de cupos es una decisión que puede tener repercusiones severas y que pone en peligro constante a la ciudadanía”, citó.
Iapem Prensa
