La oposición, con su holgada mayoría en la nueva Asamblea Nacional, tan anhelada en los últimos 17 años, tendrá que enfrentarse a sus propias peleas internas y a los intentos chavistas de blindar los poderes del Estado antes de que concluya la actual legislatura.
Mientras el heredero del chavismo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, carga con las culpas de la derrota de la mayoría de los candidatos del oficialismo en las elecciones legislativas del pasado domingo, los ojos del mundo están puestos en cómo manejará la oposición la victoria que le dejó una mayoría de dos tercios de los 167 integrantes en la Asamblea Nacional.
De acuerdo a un boletín enviado a los partidos políticos, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 7.707.422 votos, lo que representa el 56,2 %, poco más de 300.000, de los votos obtenidos por el excandidato presidencial Henrique Capriles en las presidenciales de 2013 que le dieron la victoria a Maduro.
El chavismo, por su parte, obtuvo unos 5.599.025 votos, es decir, un 40,8 %, dos millones menos de los que hicieron presidente a Maduro, un número que rompió el piso del respaldo chavista a pesar de que su maquinaria presumió antes de los comicios de siete millones que con nombre y cédula prometieron su voto.
El «voto de castigo» al Gobierno, principalmente por la crisis económica, que tiene a Venezuela en el tope de la lista como el país con la inflación más alta del mundo, pudo ser decisivo para el triunfo de la oposición.
Ahora la MUD deberá, desde el poder, convertirlo en respaldo a sus propuestas para dar pasos hacia el control del Estado, entendiendo que el revés del chavismo en el Parlamento no quiere decir que la mayoría de los venezolanos renunció al proyecto socialista.
La oposición ha demostrado que su cohesión tiene su mejor momento cuando hay elecciones, pero que les resulta difícil mantenerla cuando deben buscar consensos.
Por un lado, está la distribución de escaños en sus filas.
El partido de Henrique Capriles, Primero Justicia (PJ), logró 33 escaños, Acción Democrática (AD), unos 27, Un Nuevo Tiempo (UNT), 19, y el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular (VP), 17, mientras que los demás partidos lograron representaciones de uno o dos puestos.
El chavismo por su parte tiene 55 diputados en un solo bloque, por lo que para usar la supermayoría de 112 diputados que consiguió en las elecciones la MUD deberá poner fin a los roces entre el ala radical y la moderada.
El primer paso deberá darlo el 5 de enero, cuando decida quién integrará la junta directiva de tres miembros, encabezada por su presidente, una silla con la que ya varios opositores coquetean.
En el camino está la necesidad de generar cambios positivos desde el Parlamento en la economía del país que tiene las mayores riquezas en la región y a la vez el peor desempeño de su economía, un deterioro que los ciudadanos viven a diario.
Otro punto de honor para esta nueva mayoría es dictar la amnistía para los opositores presos, entre ellos el líder de VP, que cumple una condena de casi 14 años por la violencia de las protestas de 2014, y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, señalado de «conspirar» contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El rechazo por adelantado de Maduro, que tiene cualidades para vetarla, supone el inició de los intríngulis que enfrentará el Poder Legislativo en manos opositoras.
Aunque Maduro no puede rechazar la ley, sí puede vetarla, es decir, sugerir modificaciones a la redacción del contenido, pero finalmente, una vez sea remitida por segunda vez, deberá promulgarla o, de lo contrario, el Parlamento lo hará por sus propios medios.
Maduro que, al igual que el actual presidente de la AN, Diosdado Cabello, se ha opuesto a la exoneración de responsabilidad de López a quien achacan también la muerte de 43 venezolanos en aquellas protestas, podría solicitar la «inconstitucionalidad» de la amnistía, lo que pasaría el balón a la cancha del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Pero una interpretación del máximo tribunal es motivo de debate luego de que la Constitución solo establece que no se pueden dictar amnistías ni indultos sobre quienes cometan delitos «contra los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad».
Pero el poder del TSJ es otra materia de conflicto. El Poder Judicial está a la espera de que se designe una docena de sus magistrados, un proceso para el que ya se hicieron las postulaciones y para el que, tras perder la mayoría, el chavismo reactivó la designación de estas plazas, una tarea de su competencia que prometió terminar entes de que entregar el control de la cámara.
La lista de casi 400 postulados incluye a la actual presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, que antes de hacerse magistrada militó abiertamente en el chavismo o al diputado Elvis Amoroso, miembro del propio comité que evalúa las postulaciones y que no fue reelegido el domingo. EFE
