Con el nuevo año, indudablemente, se presenta en el país un nuevo escenario político, como consecuencia de los resultados que arrojaron las elecciones parlamentarias del 6D. Estando el Poder Legislativo bajo control de la oposición, ocurre una recomposición política al interior del Estado, pues, uno de sus pilares fundamentales pasa a ser dirigido por las fuerzas políticas contrapuestas a las que ostentaban el dominio del aparato estatal. Hay un cambio evidente en la correlación de fuerzas al interior del Estado. Este hecho que, en circunstancias normales, en un régimen democrático, sería considerado como una demostración de fortaleza y de alternativa democrática; en nuestro país, producto de la polarización que ha caracterizado al proceso político venezolano de los últimos años, se interpreta, más bien, como un síntoma que apunta a posibilitar la desestabilización del orden vigente.
Desconocieron la CRBV
Qué sería lo lógico, lo ajustado a derecho, pues, que quienes ahora pasan a dirigir el Poder Legislativo procedieran a utilizar los mecanismos de los que los habilita la CRBV para desarrollar una labor de contrapeso al Ejecutivo Nacional, ejerciendo una efectiva labor contralora, guiada, siempre, en función de los altos intereses de la Nación y, dado el caso, que esta actuación no reorientara la gestión del Ejecutivo, Pueden entonces activar el dispositivo del revocatorio contemplado en el 72 Constitucional. Todo en el marco constitucional ya que, felizmente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al ser la más avanzada del globo terráqueo, contempla, como ninguna otra, los recursos pertinentes para darle salida a las crisis políticas que se pudiesen presentar.
Pero, lamentablemente, quienes dirigen la oposición, de estirpe no democrática, sólo apelan a la Constitución cuando les conviene a sus intereses particulares, es decir, no la acatan a plenitud, sólo se cobijan en ella cuando requieren protegerse de sus acciones punitivas o cuando a través de ella pueden buscar alcanzar sus propósitos, precisamente, anticonstitucionales. La práctica política opositora, en los tres últimos lustros, está plagada de acciones de esta naturaleza, allí está no más, para destacar algunas: lo acontecido con los decretos de Carmona, en abril de 2002, la huelga petrolera-empresarial de 2002-2003, las guarimbas de 2013 y las “salidas” de 2014 (de Capriles y Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado); acciones insurreccionales todas ellas, en las que desconocieron y atentaron contra la Constitución, pero a la hora de responder por sus irresponsables actuaciones han pretendido encubrirse, siempre, en el manto protector de la Carta Magna, la misma a la que se opusieron cuando fue aprobada en el referéndum de diciembre de 1999 y que, ahora, en el supuesto, de que llegaran a alcanzar el control total del Estado pretenderían derogar para hacerse una a la medida de sus intereses de clases.
Derrocamiento
Este enfoque viene a cuento porque lo que se está debatiendo al interior de la MUD es asumir el control de la Asamblea Nacional para propiciar el dislocamiento del orden constitucional; así lo indica la trayectoria, en el pasado reciente, de sus más conspicuos voceros (Ramos Allup, Chúo Torrealba, Borges, Freddy Guevara, etc.) y lo certifican sus declaraciones vertidas ante la opinión pública.
Por ello entendemos que las formulaciones realizadas por algunos distinguidos venezolanos (tales como el constitucionalista Herman Escarrá y los economistas Victor Álvarez y Felipe Pérez Martí) en torno a la necesidad y conveniencia de establecer un Acuerdo Nacional en la que todos los actores pongan de su parte a fin de superar la aguda crisis política y económica presente en el país, producto, por un lado, por la abrupta y tendenciosa rebaja de los precios petroleros y el desquiciamiento de los indicadores económicos (que para ciertos sectores tiene su epicentro generatriz en una implacable guerra económica que el imperialismo y la burguesía local parasitaria han desatado en contra de la economía nacional para socavar la base de apoyo popular al gobierno bolivariano y, que, para otros, es resultado de equívocas medidas económicas tomadas o no tomadas oportunamente por el gobierno del presidente Maduro); y, por otro lado, es consecuencia, según los proponentes, del encrespamiento de la polarizante animosidad política que se ha venido acumulando en la sociedad venezolana; tienen poca posibilidad de materializarse, pues, la oposición tanto en su versión política (los radicales de la MUD) como en su versión económica (Fedecámaras, Consecomercio, Cavidea, Venamcham, etc.) no traen otra orientación sino la de propiciar el derrocamiento inminente del Gobierno Bolivariano.
Cobijo constitucional e insurrección
Esta oposición, copiona como ella sola, ya tiene el modelo en el cual inspirarse, apoyándose en cierto cobijo constitucional (golpe parlamentario como el ya experimentado al presidente Fernando Lugo, en Paraguay, en 2012) y combinada con la acción de masas paramilitar e insurreccional (ya experimentada por el imperialismo en Ucrania, con la toma, en la ciudad de Kiev, de la Plaza Maidan, en el 2014).
Frente a esta perspectiva no queda otra sino prepararse para la lucha, en todos los terrenos en los cuales esta pueda plantearse. Con el imperialismo no hay que hacerse ilusiones, “ni un tantico así”; es el que monitorea, financia y le marca la pauta a la oposición venezolana. El imperialismo no va a desaprovechar una oportunidad como la actual que ha venido propiciando y alentando minuciosamente.
El campo bolivariano tiene que ajustarse el morral de Chávez, tomar las medidas económicas que sean menester y disponerse a fortalecer el poder popular, combatiendo el burocratismo y la corrupción y reconstituyendo un amplio bloque social en el que tengan cabida todos los sectores patrióticos que sientan la Patria como la concibió Bolívar, libre y soberana.
NOTAS PARALELAS / miguel ugas
