El Ministerio Público acusó al propietario de la Distribuidora Perci C.A y a su hija, por el presunto contrabando de 30 mil kilos de arroz y otros productos regulados, situación detectada el 2 de noviembre de 2015 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el sector El Poblado, municipio Mariño del estado Nueva Esparta.
En el escrito, el fiscal 5° de esa jurisdicción, Robert Mendoza, acusó a José Perci Romano Vásquez (57) por presuntamente incurrir en los delitos de contrabando de extracción y acaparamiento. Mientras que su hija, Francis del Valle Romano Vásquez (32), fue acusada por falsificación de documento privado y acaparamiento en grado de complicidad.
Dicha acusación fue presentada ante el Tribunal 4º de Control del estado Nueva Esparta, donde el fiscal solicitó la admisión del escrito y el enjuiciamiento de las dos personas.
Respecto, al caso del hombre, éste permanece recluido en el Comando de la GNB ubicado en Porlamar, y la mujer tiene medida de arresto domiciliario.
El citado día, efectivos castrenses recibieron una llamada telefónica de miembros de la comunidad de la referida población, quienes informaron que varias personas se encontraban descargando grandes cantidades de arroz que eran llevadas hasta una vivienda.
De inmediato, José Perci manifestó ser el propietario de la citada distribuidora, por lo que presentó una guía de movilización y una factura, asegurando que el producto era de su propiedad. Sin embargo, al ser verificado se constató que el alimento había sido desviado de su lugar de depósito.
Debido a esta situación, los militares procedieron a realizar una revisión en el local, donde incautaron diversos productos regulados, entre ellos 90 cajas de champú, 110 cajas de aceite, cuatro bultos de jabón e insumos médicos.
Seguidamente, se solicitó la permisología de dicha mercancía por lo que Francis Romano mostró la factura emitida por un establecimiento comercial, que luego de ser verificada se comprobó que fue alterada.
Por tal motivo, el comerciante y su hija fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público.
