Primero lo primero: como la inmensa mayoría de los venezolanos no somos abogados ni economistas, cuando uno escucha la expresión “Decreto de Emergencia Económica” se tiene la sensación de algo, en principio, “positivo”. Pareciera que por fin el gobierno reconoció la existencia de la crisis que hasta hace poco negaba, diciendo que era una “campaña mediática”, una “operación de guerra psicológica” o que era una “situación inducida”, y que además piensa tomar alguna medida al respecto, después de tres años desperdiciados en aquello de “anunciar que anunciarán unos anuncios”…
La crisis no se resuelve “empoderando” a sus responsables
Pero resulta que no es asi. El Decreto de Emergencia Económica no tiene que ver con la resolución de la crisis, sino con la intención de darle numerosos y peligrosos poderes… ¡a los causantes de la crisis! En efecto, el texto del Decreto faculta al Ejecutivo para muchísimas cosas: desde, sin orden judicial alguna, “requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, y demás establecimientos, bienes inmuebles y demás mercancías”, hasta crear corralitos financieros al “establecer límites máximos de ingresos y egresos de la moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras. Restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados”, pasando por “oficializar” el seguirse saltando los escasos y débiles mecanismos de control de la corrupción al “dispensar de las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes…”.
Un antecedente “electrizante”…
Pese a lo aberrante, esta situación no es novedosa: ya en febrero de 2010, hace seis años, vivimos una situación muy similar, con resultados desastrosos, de los que el país debe aprender. En ese entonces el ciudadano Presidente de la República emitió el Decreto Nº 7.228, mediante el cual se declaró el “estado de emergencia sobre la Prestación del Servicio Eléctrico Nacional y sus Instalaciones y Bienes Asociados, por un lapso de sesenta (60) días, prorrogables, en virtud de lo cual se autoriza al Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, para dictar por vía de excepción las medidas especialísimas que estime pertinentes, a fin de garantizar a la población el suministro de energía eléctrica…”
También en ese momento hubo venezolanos que confundieron la gimnasia con la magnesia, y llegaron a decir “¡qué bueno, por fin el gobierno reconoció la existencia de la emergencia eléctrica!” Hasta dirigentes políticos y periodistas “formadores de opinión” incurrieron en esa ligereza inexcusable. La realidad fue contundente, catastróficamente contundente: seis años después todos los venezolanos podemos ver y evaluar para qué sirvió el “Decreto de Emergencia Eléctrica”: los apagones siguen, las fallas endémicas en el servicio siguen, la excusas increíbles e irrespetuosas de los burócratas que controlan el sector siguen, exactamente iguales o peores en su cinismo… pero la gran diferencia está en el robo. Al amparo del “Decreto de Emergencia Eléctrica” desapareció un inmenso carnaval de dinero que no mejoró el servicio, pero si hizo inmensas fortunas.
Para que tengan una idea, referiremos un dato que tiene como fuente el Colegio de Ingenieros de Venezuela: para construir todo el sistema eléctrico venezolano (todo, desde las represas hasta los bombillos) la Venezuela Democrática invirtió durante cuarenta años unos 40 mil millones de dólares. En cambio, los gobiernos de Chávez y Maduro (supuestamente para “mejorar” la prestación del servicio eléctrico) gastaron tres veces esa cantidad, unos 120 mil millones de dólares, que sencillamente no están, desaparecieron, se transformaron en yates, mansiones, aviones, cuentas en Andorra y otros paraísos para el dinero mal habido… Y lamentablemente el país hoy no puede hacer nada, nada, ni exigir rendición de cuentas, ni pedir una sola factura… ¿Saben por qué? ¡Pues porque buena parte de toda esa desmesura se perpetró al amparo de una “Ley de Emergencia Eléctrica”, que dio a los perpetradores no solo el poder de hacerlo sino además la impunidad de que nadie jamás les pediría cuentas!
La crisis se resuelve empoderando la venezuela que produce
Ahora, seis años después, Maduro le pide a la Asamblea Nacional con mayoría democrática que le apruebe un “Decreto de Emergencia” similar, con una inmensa diferencia: que está referido no a un sector del país, sino a toda la economía. Estemos claros: la “Emergencia Económica” no es un simple conjunto de medidas para atender una situación puntual, es en realidad una de las modalidades previstas en la Ley de Estados de Excepción, es una figura que da licencia al Ejecutivo para limitar o desconocer garantías constitucionales básicas y que consagra, como ya hemos visto, un amplio margen de impunidad para los abusos y hasta delitos que se perpetren bajo el manto de la “emergencia”, real o supuesta. Todo esto, estamos seguros, será ponderado con serena agudeza por la dirección política de la Mesa de la Unidad Democrática, y en función de ello se girarán las instrucciones del caso a la Fracción Parlamentaria de la Unidad, que actuará conforme al compromiso contraído el seis de diciembre: colocar a la Asamblea Nacional al servicio del país, no del Gobierno.
Al margen de todo el debate sobre el “Decreto de Emergencia” como trampa leguleya del Ejecutivo para obtener amplios poderes sin solicitar una Ley Habilitante, lo cierto es que sí existe en el país una emergencia económica terrible, que se expresa hoy en la escasez, las colas, la humillación y la violencia a la que se ve expuesto nuestro pueblo para adquirir bienes esenciales, como alimentos y medicinas. También es verdad que hay medidas inaplazables que se deben y se pueden tomar, ya, tanto para enfrentar el hambre urgente que como para recuperar la capacidad del país para producir los bienes y servicios que necesitamos. Todo eso se puede y se debe hacer, y en Venezuela hay el talento y los mecanismos necesarios para hacerlo. Pero eso no pasa por darle mas poder e impunidad a los que, con su corrupción e ineficiencia, generaron la crisis. Por el contrario, resolver la emergencia económica pasa por relevar a los que la ocasionaron.
Y eso está claro: en este país, cuyo gobierno en doce años recibió un millón de millones de dólares por los altos precios del petróleo, la causa real de la emergencia económica es el saqueo de esa inmensa riqueza. La solución, obviamente, no consiste en darle todo el poder a los saqueadores, sino en lograr que la Venezuela que trabaja y produce se empodere y tome decisiones claras que no sean convertidas en nuevos negocios para beneficio de los corruptos de siempre. De eso se trata. ¡Pa’lante!
Jesús Chúo Torrealba / RADAR DE LOS BARRIOS
