Quedó formalmente instalada la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional.
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“El compromiso es vigilar por la transparencia y seguridad de los empleados, así como de trabajar por la recuperación de la estabilidad de la empresa más importante de la nación”, dijo el diputado de la Unidad, José Brito
Este jueves fue instalada la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, la cual será presidida por el diputado Luis Aquiles, con el compromiso de auditar a la estatal de Venezuela, Pdvsa, y de vigilar por la transparencia y seguridad de los empleados, así como de trabajar por la recuperación de la estabilidad de la empresa más importante de la nación.
“Todos debemos colaborar para que la seguridad industrial, la producción y la transparencia de Pdvsa mejoren”, aseguró el diputado José Brito, quien pidió indemnización para la familia de Félix Borges, quien murió el pasado 16 de enero como consecuencia de la explosión de un taladro chino en Anzoátegui.
Un pariente de Borges, Gustavo Figuera acudió a la instalación de la comisión, con el propósito de solicitar una exhaustiva investigación sobre el uso de un taladro sin el previo cumplimiento de las normas, se informó a través de una nota de prensa de la Unidad.
Estado de Excepción
afecta las economías
La diputada a la Asamblea Nacional, Laidy Gómez, presidenta de la Comisión Especial de Fronteras aseguró que el cierre de linderos ha generado una afectación fiscal superior a 7 mil millones de dólares, por lo que la prioridad de la comisión será revisar las irregularidades que han derivado en afectaciones económicas.
En rueda de prensa la parlamentaria destacó que en la frontera persiste el desabastecimiento y los hechos de inseguridad que además se ha incrementado, reseñó Unión Radio.
Gómez indicó que la comisión tiene como prioridad “la violación de garantías de derechos humanos. Investigar las irregularidades que se presentaron en los estados de excepción y los que se están presentando aún con la frontera cerrada.
Detalló que uno de los objetivos será reformar la ley de fronteras, pues es “una ley represiva, que desconoce 38 artículos y que de una forma evasiva el presidente de la República a través de la habilitante desconoce el tratado(…) Es un cierre de frontera que ha generado una afectación terrible al periodo económico nacional 2016 (…) que ha generado una aceptación fiscal superior a 7 mil millones de dólares”.
Gómez insistió en que al menos 74 mil empleados directos y cerca de 280 mil indirectos se ven afectados por el decreto de estado de excepción en los municipios fronterizos.
