La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que el Poder Judicial de Venezuela «prácticamente dejó de funcionar de forma independiente al Gobierno» desde que el chavismo y «sus partidarios en la Asamblea Nacional» asumieron «el control político de la Corte Suprema».
En su informe anual, presentado hoy en Sao Paulo y Estambul de forma simultánea, HRW censuró a las autoridades venezolanas por «aprovechar la falta de independencia del poder judicial en el país para detener y procesar criminalmente a prominentes opositores políticos», como Leopoldo López.
«Durante el juicio a López, la Fiscalía no presentó evidencias creíbles que lo incriminasen y el juez encargado, cuyo cargo es provisional y no posee estabilidad garantizada, no permitió que la defensa presentase sus pruebas», afirmó en rueda de prensa el director adjunto de HRW para América Latina, Daniel Wilkinson.
El portavoz incluso declaró que «el propio fiscal, meses después, dijo que el caso había sido una farsa».
Sin embargo, la organización celebró el resultado de las elecciones legislativas del pasado diciembre, en las que salió vencedora la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que puso fin a la hegemonía parlamentaria chavista de los últimos 17 años.
«Es una muy buena noticia porque, por primera vez en más de una década, hay un poder del Estado de Venezuela que no está bajo el control del Gobierno», aseveró Wilkinson.
Con todo, el directivo agregó que «la situación en el país no deja de ser muy preocupante», porque el «lamentable» panorama «es mucho más que las elecciones».
«Es la censura, es el cierre de canales de televisión, la represión brutal contra manifestantes pacíficos o la persecución totalmente arbitraria de los opositores políticos», resaltó.
Ese contexto, en su opinión, «requiere la atención más proactiva de la comunidad internacional» y, en especial, de Brasil porque «no hay otro país que podría tener más influencia».
No obstante, HRW manifestó una «gran frustración y decepción» por la actitud del Gobierno brasileño frente a la violación de derechos humanos en Venezuela y, en cambio, ensalzó la postura crítica de Argentina, desde que asumió el poder en diciembre pasado el conservador Mauricio Macri.
HRW subrayó también que «miembros de la Corte Suprema han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y se han comprometido públicamente con la defensa de la agenda política del Gobierno venezolano, decidiendo reiteradamente a su favor y validando su falta de respeto a los derechos humanos».
Incluso algunos abogados han sido procesados por «ofrecer asistencia jurídica a sus clientes», añadió la ONG.
El informe incide además en la ausencia de pluralidad en los medios de comunicación, que atribuye al Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro por «haber ampliado y abusado de sus poderes» para controlar a la prensa.
De acuerdo con HRW, Maduro «adoptó medidas agresivas para reducir el número de medios con programación crítica», lo que ha convertido la autocensura en «un problema grave».
Otro apartado lo ocupa el operativo de seguridad Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementado en 2015 y que consiste en el despliegue de policías y militares en zonas consideradas como «violentas» para realizar allanamientos, detenciones e incautaciones.
Durante las operaciones, que han causado varias muertes, «las fuerzas de seguridad violaron derechos fundamentales al conducir a detenciones arbitrarias, revistas ilegales a domicilios, además de abusos físicos y verbales», criticó HRW.
La organización también reprobó las deportaciones arbitrarias y la marginalización que se ha llevado a cabo en el país contra «los defensores de los derechos humanos mediante repetidas acusaciones, infundadas en el intento de debilitar la democracia de Venezuela».
Por otro lado, el informe alertó de las dificultades que afronta la población para conseguir medicamentos básicos, por lo que aseveró que el Gobierno falló en garantizar que las medicinas «estén disponibles y accesibles a todos los venezolanos sin distinción».
La ONG recordó que, pese a los pedidos de Naciones Unidas, el país todavía no ha permitido la visita de ningún especialista desde 1996. EFE
