La propuesta establece que la AN audite la misión social para verificar si las cifras suministradas por el Gobierno Nacional coinciden con la realidad.
Con el voto negativo de los diputados del Bloque de la Patria, la Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves el Proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
La exposición de motivos sobre la propuesta estuvo a cargo del jefe del Bloque de la Unidad Democrática, diputado Julio Borges (PJ/Miranda), quien destacó que esta norma le entregará a los venezolanos la titularidad plena de su propiedad, producto de la misión social que adelanta el Gobierno Nacional, la GMVV, destaca una nota de prensa de la AN.
“Con el fin de democratizar los derechos de propiedad, 112 diputados de la Unidad Democrática firmaron este proyecto”, aseguró Borges al tiempo de precisar que una vez que se sometió esta idea a la consideración de la opinión pública, fue duramente criticada por los sectores del gobierno. “Llegaron a decir que era imposible hacerla realidad. El corazón del tema es saber qué se entiende por propiedad”, dijo.
-Por lo pronto -puntualizó el parlamentario- el Gobierno Nacional es quien tiene potestad sobre las viviendas de la GMVV. Esa dependencia desaparecerá con la aprobación del proyecto que presentó. «Lo que estamos promoviendo es el hecho de que las familias tenga derecho pleno sobre su propiedad para que sean dueños absolutos de su futuro sin tener al gobierno metido dentro de su casa».
Destacó que el proyecto de ley establece que la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la AN ejecute auditorías en los complejos habitacionales de la GMVV para conocer cuántas viviendas se han construido, dado que -a su juicio- hay incongruencias en las cifras que ha presentado el Ejecutivo. «A partir de la aprobación de este proyecto se llevará a cabo la auditoría».
Elías Jaua Milano:
“una ley estafa”…
En el contexto de Jueves de Vivienda y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor; 100 nuevos hogares son entregados a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en el estado Miranda, por el diputado a la Asamblea Nacional, Elías Jaua Milano, junto al viceministro de Hábitat y Vivienda, Javier Torres, en el Desarrollo Habitacional Matalinda, ubicado en la Av. Intercomunal- Charallave- Ocumare del municipio Cristóbal Rojas, reseña una nota de prensa de Corpomiranda.
El diputado del Bloque de la Patria, Elías Jaua, explicó que el urbanismo Matalinda fue parte de una variable que se desarrolló en el contexto de la Gran Misión Vivienda Venezuela en atención a familias estafadas por las grandes constructoras inmobiliarias.
“En su momento, el Comandante Hugo Chávez decidió a través de la GMVV defender el derecho a la vivienda de estas familias a las cuales se le pretendía variar cada año sin entregarle el apartamento las condiciones de intereses y de pagos a las que habían acordado inicialmente. Estamos entregando 100 apartamentos a una parte a las familias estafadas, culminando los compromisos que tenía la Revolución con ese conjunto de familias estafadas y a familias de 0800-mi hogar”, informa.
Asimismo, Jaua comentó acerca de “la gravedad que acaba de aprobar la mayoría burguesa, contrarrevolucionaria en la Asamblea Nacional, de lo que intentan aprobar ocultando los verdaderos intereses; la intención que se ha vendido que la Revolución no entrega propiedad es absolutamente falsa; el dotar de propiedad ya está garantizado en la Constitución y en las leyes que promulgó nuestro Comandante Chávez”, aseguró.
Señaló además, que “el objetivo de la ‘Ley Estafa’ es fundamentalmente el favorecimiento del latifundio urbano y el favorecimiento del mercado especulativo de la Banca Privada en Venezuela; esta ley deroga dos leyes promulgadas por el Presidente Chávez. La primera, la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas -el derecho a la vivienda es una emergencia en Venezuela-; son dos millones de familias que viven en quebradas, cerros de alto riesgo que necesitan ser reubicadas lo más pronto posible y ellos remiten esa facultad que se tiene hoy día a la Ley de Expropiación por Causa, Utilidad Pública y Social, que en promedio duraría cinco años para que la República pudiera ocupar un terreno y convertirlo en viviendas dignas para el pueblo”. Subrayó que la AN también deroga la ley de Determinación de Justo y Precio de Bienes”.