“Ese es el cambio por el que el pueblo votó: por un país en el que ni magistrados ni ningún ciudadano tema ser secuestrado y asesinado por policías ni por malandros, un país en el que los pranes presos no estén mejor armados que los militares que supuestamente son sus carceleros, un país, en fin, en que el Presidente trabaje para acabar con la crisis, en vez de perder el tiempo queriendo echarle la culpa de sus errores a los demás”.
Dos noticias generadas en días recientes, ambas estremecedoras, ambas lamentables, están vinculadas al Tribunal Supremo de Justicia.
Asesinan al juez
Rafael Arístides Rengifo Camacaro, de 69 años de edad, fue magistrado emérito del TSJ. En su larga carrera judicial desempeñó diversas responsabilidades: esa vida de servicio público fue truncada el pasado 18 de enero, cuando fue primero atracado y secuestrado, y luego golpeado y asesinado por… policías, sí, policías de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Cristóbal Rojas, institución cuyo lema es “Charallave cambia en Revolución”. De acuerdo al dolido testimonio de la viuda de la víctima, la autora material del asesinato fue una oficial de ese cuerpo policial, de nombre Karla Contreras, quien habría relatado con frialdad las circunstancias del crimen: al magistrado lo interceptaron con una patrulla, en la cual lo introdujeron mientras su carro era robado.
A bordo de la unidad policial lo llevaron hasta Charallave, estado Miranda, donde al revisar sus pertenencias vieron su credencial de exmagistrado del TSJ. Al verla decidieron asesinarlo. “Le di un batazo en la cabeza y luego le disparé al occipital”, habría confesado la oficial-verdugo. Otros dos oficiales del mismo cuerpo policial estarían implicados en la muerte del exmagistrado. Junto a estos tres, otros 14 policías de esta alcaldía “bolivariana” formarían parte de la banda de ladrones de vehículos que opera con las armas, uniformes y patrullas que el pueblo de Charallave paga con sus impuestos. De hecho, el secuestro y asesinato del exmagistrado se produce porque la banda recibió desde el Zulia un “pedido”: un “cliente” les habría “encargado” conseguir una camioneta como la del infortunado jurista.
Rematan a la justicia
El viernes 29 de enero se produjo la apertura del año judicial, acto protocolar de la vida republicana. Aunque en este evento se acostumbra la presencia de los titulares de los poderes públicos, en esta oportunidad no pudo asistir el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup porque la invitación protocolar correspondiente fue enviada a su despacho, a última hora, una invitación genérica…
Tuvo suerte Ramos Allup al no asistir, pues como abogado de estirpe republicana lo hubiera lamentado, ya que el evento en cuestión se transformó en una ratificación de la subordinación de ese tribunal a los dictados e intereses del Poder Ejecutivo. Al menos así lo leyó el diario “Correo del Caroní”, para el cual a dos voces ratificaron esta lamentable situación: “La primera vino de la propia presidenta del ente, Gladys Gutiérrez, cuando a modo de alerta a la Asamblea Nacional, asomó que ningún otro organismo del Estado está sobre el que ella dirige… La supremacía por definición excluye la posibilidad de recurrir a un órgano superior (…), el Tribunal Supremo tiene plena facultad para revisar los actos de los demás órganos de rango constitucional”. Con estas palabras, la magistrada Gutiérrez asume posición al lado del Ejecutivo en la “guerra de poderes” con que el gobierno de Maduro Moros quiere inútilmente desconocer la decisión del pueblo soberano del pasado 6 de diciembre. Luego la crónica del rotativo de Puerto Ordaz continúa: “Para que no quedaran dudas, la segunda voz en declarar los principios del Poder Judicial fue la de la magistrada Mónica Misticchio, quien exaltó el recuerdo del fallecido el 5 de marzo de 2013. Más en concreto, vociferó como actos de justicia el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Ante sus palabras, en la sede judicial retumbó un gritó: ‘Chávez vive, la lucha sigue”.
El soberano exige justicia
Así las cosas: 2015 cerró con 27 mil muertes violentas, de las cuales 99 % quedarán impunes porque tenemos un sistema de administración de “justicia” que en vez de castigar criminales está muy ocupado protegiendo los desafueros del gobierno, “interpretando” la Constitución, retorciendo la Ley y violando la jurisprudencia que el mismo establece si así lo requiere el interés partidista oficial. Venezuela exige justicia. Eso es parte integral del cambio urgente que el pueblo reclama: un país en el que ni magistrados ni ningún ciudadano tema ser secuestrado y asesinado por policías o por malandros, un país en el que los pranes presos no estén mejor armados que los militares que supuestamente son sus carceleros, un país, en fin, en el cual el Presidente trabaje para mejorar la economía y acabar con la crisis, en vez de perder el tiempo queriendo echarle la culpa de sus errores a los demás. Ese el cambio por el que el soberano votó, y ese es el cambio que va a tener ¡Falta menos! ¡Pa’lante!
RADAR DE LOS BARRIOS / Jesus Chuo Torrealba