El diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv, Ricardo Molina aseguró que los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela son propietarios del inmueble que recibieron y pagan por el de acuerdo a su nivel socioeconómico.
Explicó que en el caso de aquellas familias que no están en condiciones de pagar el costo establecido por el Órgano Superior de Vivienda, que oscilan los 800 mil bolívares, el Estado les subsidia una parte y terminan pagando dependiendo de sus posibilidades.
Durante el programa Sin Duda de Unión Radio, dijo que los adjudicatarios “firman un documento de propiedad que está establecido en la Ley del Régimen de Propiedad de Vivienda de la Gran Misión y ahí se establecen las condiciones (…) el Estado les da la propiedad para el uso, goce, disfrute y disposición de ese bien”.
En ese sentido, destacó que según la Ley de Otorgamiento de Propiedad de la Gran Misión Vivienda, que impulsa el diputado Julio Borges, se propone calcular el precio de los terrenos de acuerdo al precio del mercado y no a “un precio justo”, lo que a su juicio, inviabilizaría el proyecto social y convertiría la vivienda en una mercancía.