La insistencia del presidente Nicolás Maduro en achacar el caos que padecemos a factores externos como El Niño, la iguana, la guerra económica y la caída de los precios petroleros, es una confesión de que perdió el control y de que no encuentra la manera de retornar a un rumbo productivo y de paz
La discusión prioritaria entre las fuerzas democráticas que hoy ostentan la mayoría en la Asamblea Nacional es, en este momento, ubicar el mecanismo constitucional para lograr el cambio de gobierno.
Sí, así, con todas sus letras. No se trata de un despropósito, ni mucho menos de una blasfemia. Porque la alternabilidad en el poder es uno de los elementos de la democracia. Adicionalmente, el poder no pertenece a parcialidad alguna y quien lo ejerce está sujeto al escrutinio del pueblo, a quien debe rendir cuentas y quien tiene la facultad de relevarlo de sus funciones.
Lamentablemente para todos, el trieno madurista está plagado de una cantidad de signos y síntomas que nos dicen que la conducción del país requiere un urgente cambio de rumbo.
Adicionalmente, no renuncia a su estilo pendenciero y de confrontación, retando e insultando permanentemente con su acostumbrado vocabulario belicista al nuevo parlamento, recientemente elegido por la mayoría de los venezolanos y con el cual convendría trabajar conjuntamente en lugar de intentar ponerlo contra la pared a la fuerza.
Finalmente, su insistencia en achacar el caos que padecemos a factores externos como El Niño, la iguana, la guerra económica y la caída de los precios petroleros, es una confesión de que perdió el control y de que no encuentra la manera de retornar a un rumbo productivo y de paz.
Estamos en un urgente momento que demanda acuerdos y trabajo conjunto; pero el Ejecutivo nacional, atrincherado en su soberbia, no parece percibirlo. El gobierno en definitiva, no tiene la menor intención de cambiar.
Por ello, los venezolanos estamos decididos a hacer uso de nuestro derecho a empuñar la Constitución Nacional para revisar cuáles son las alternativas que su letra nos ofrece para dejar en el pasado esta etapa adversa y oscura de nuestra historia y abrir la puerta a cambios que más que urgentes, son literalmente de vida o muerte.
En las páginas de la Carta Magna podemos encontrar el referéndum revocatorio, la enmienda o reforma constitucional, el abandono del cargo y la Asamblea Nacional Constituyente como opciones, todas válidas, para poner fin al actual mandato del Ejecutivo y poder hacerle el tan urgente “reseteo” a Venezuela.
El revocatorio puede ser convocado por solicitud del 20 % del electorado inscrito en el Consejo Nacional Electoral o por requerimiento de la mayoría de los diputados de la AN. Se puede activar a partir de la mitad del mandato, a la cual justamente estamos llegando.
Mucha gente teme que, si son los electores quienes solicitan la activación del refrendo, se active una nueva “Lista Tascón”, aquel tristemente recordado instrumento que sirvió para perseguir a quienes solicitaron el revocatorio de 2004.
También existen los precedentes del retraso del CNE en la activación del referendo, lo cual llevaría a que, si demora más de un año, el período sea terminado por el actual vicepresidente.
Tanto la reforma como la enmienda constitucional, son mecanismos en manos de la mayoría de la Asamblea Nacional, pero deben pasar por un referendo aprobatorio de los cambios, que se centrarían en acortar el período presidencial.
Habría que enfrentar en el camino, los pareceres del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia.
La Constituyente puede ser activada por las dos terceras partes de la Asamblea o el 15 por ciento de los inscritos en el registro electoral. A diferencia del revocatorio, el proceso de recolección de firmas no está regulado por el CNE.
El Presidente no podrá objetar la nueva Constitución y los otros poderes públicos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente. De hecho, la Constituyente asume el poder supremo de la República por encima de los poderes existentes, que deben poner sus cargos a disposición. Posteriormente, con una nueva Constitución, se convocan a elecciones para renovar todos los cargos de elección popular.
Finalmente, la renuncia, implicaría un acto de responsabilidad y desprendimiento voluntario del mandatario actual, el cual solo depende de su propia voluntad y que, evidentemente, no tiene intención de ejecutar. Mientras el abandono del cargo podría justificarse bajo la impericia con la cual está siendo manejando el país.
De todo este grupo de mecanismos legítimos que son un derecho de los venezolanos, las fuerzas alternativas democráticas escogerán el que consideren más idóneos, valiéndose de la representación que la mayoría de los venezolanos le otorgamos.
Apoyar esta decisión hasta lograr el cambio que tanto nos urge, es un acto de responsabilidad ciudadana, apremiado por la necesaria urgencia de salvar al país de la peor crisis de su historia.
