Aún no están del todo claras las circunstancias de la masacre de Tumeremo, pero lo inaceptable es la ausencia física y política del gobernador Francisco Rangel Gómez
El régimen ha terminado por liquidar lo poco que de Estado de Derecho manteníamos. No hay Constitución vigente. Tampoco un ordenamiento jurídico estable y bien administrado. No hay normas claras que regulen las relaciones entre los ciudadanos, ni de ellos con el Estado-gobierno. La justicia está a la deriva. Cuando esto sucede el ciudadano común queda desprotegido y sometido a las arbitrariedades, a los caprichos, al tráfico de influencias, a las consecuencias de la ineficiencia de un estado-gobierno corrompido y corruptor.
El tema está diagnosticado y sobre diagnosticado por especialistas y aficionados nacionales e internacionales, pero la reacción es débil y el ciclo hacia la dictadura totalitaria de nuevo cuño se cierra luego de diecisiete años cumplidos de ejercicio gubernamental del castro-chavismo o, mejor dicho para hoy, del maduro-cabellismo o, para sintetizar de este socialismo del siglo XXI que utiliza el régimen cada vez con menor intensidad para identificarse.
Somos muchos los que hemos sufrido en carne propia las acciones de estos bárbaros. Dicho sea de paso, los más caros de la historia. Ahora estamos en presencia de dos hechos que se suman a la cadena. Uno es la decisión judicial del Tribunal Sexto de Juicio en contra del prestigioso “Correo del Caroní”, al condenar a su presidente y editor, David Natera Febres, a cuatro años de prisión por difamación e injuria continuada, además de imponerle una millonaria multa. Una verdadera monstruosidad que ratifica nuestras convicciones. Mucho más tratándose de David Natera, excelente vocero del Bloque de Prensa Venezolano y una de las voces más respetadas en el continente. Se le cobra el haber denunciado hechos graves de corrupción en la zona, todos del conocimiento público, incluida la vinculación de los denunciados con el gobernador del Estado Bolívar, general Rangel Gómez.
Otros caso de creciente interés nacional e internacional, también en Bolívar, se refiereN a la presunta muerte y desaparición forzada de 28 mineros que trabajan en minas de oro muy cerca de Tumeremo, frontera con Brasil. Aún no están del todo claras las circunstancias de esta masacre, pero lo inaceptable es la ausencia física y política del antes citado gobernador. No da la cara y el alto gobierno ya empezó con el juego de atribuirle todo a los pranes que libremente operan en la zona y a la oposición interna y externa para, supuestamente, debilitar al régimen y tumbarlo.
La nación venezolana está avergonzada, harta, fatigada por las mentiras que pretenden esconder crímenes horrendos. Esto no puede ni debe continuar.
Oswaldo Álvarez Paz
@osalpaz
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