AFO / Nelson Almeida
Juicio político a la presidenta de Brasil tiene casi un 70 % de respaldo en la población. 65 % de los brasileños cree que Rousseff debe renunciar
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y su predecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, seguían el sábado enfrentando un vendaval de denuncias que amenazan la permanencia de la izquierda en el poder, en un país convulsionado y dividido.
El senador Delcidio do Amaral, que aceptó colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena en el escándalo Petrobras, aseguró que Rousseff «sabía todo» sobre los sobornos pagados durante una década por grandes constructoras a políticos y a funcionarios de la estatal petrolera.
«Lula dirigía el esquema», pero «Dilma también sabía todo» y ambos «trataron de forma sistemática de obstruir la labor de la justicia», acusó el exlíder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado en una entrevista con la revista Veja.
La reacción de la Presidencia no se hizo esperar: en un comunicado, anunció que presentaría una demanda judicial contra Amaral por sus declaraciones «calumniosas y difamatorias».
Lula ya es objeto de una investigación conectada con ese escándalo, por presunta ocultación de bienes.
Rousseff se había mantenido hasta ahora a salvo de la operación «Lava jato» (lavadero de coches) que tramita el juez de primera instancia Sergio Moro y que sentó en el banquillo o envió tras las rejas a buena parte de la élite política y empresarial del país.
Pero según Amaral, «Dilma también sabía todo. La diferencia era que fingía no tener nada que ver con el asunto».
Roussseff enfrenta por su lado un proceso de destitución en el Congreso, por presunta manipulación de las cuentas públicas.
Según un sondeo publicado este sábado por Data Folha, un 68 % de los brasileños se declaraba a mediados de marzo a favor de un impeachment, frente a 60 % un mes atrás. Y un 65% cree que Rousseff debería renunciar.
La mandataria nombró a Lula jefe de gabinete para tratar de recomponer la base aliada e impedir un voto a favor de su destitución.
Pero un juez federal bloqueó el viernes su nombramiento por sospechas de que su principal motivación era brindarle al exmandatario (2003-2010) fueros privilegiados que lo sustrajeran de la esfera del juez Moro.
El ícono de la izquierda latinoamericana volvió en consecuencia a quedar en manos del temerario magistrado, al menos hasta que el Supremo Tribunal Federal (STF) decida en su próximo plenario, el 30 de marzo, si mantiene o anula el bloqueo de su designación como ministro.
Moro «no podría basarse en supuestos crímenes (…). Pero podría justificarlo por ejemplo el hecho de que (en libertad) el expresidente Lula podría tratar de influir en la producción de pruebas», dijo a la AFP Carlos Gonçalves, doctor y profesor de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo.
La embestida política y judicial contra el gobierno del PT encuentra fuerte respaldo en la población. El domingo pasado, unas 3 millones de personas desfilaron en todo el país para exigir la renuncia de Rousseff.
La izquierda sacó también a sus huestes a la calle el viernes, para denunciar una tentativa de «golpe de Estado».
El propio Lula arengó a la multitud en Sao Paulo, con la pasión de sus años de sindicalista enfrentado al régimen militar (1964-85).
Jorge Svartzman / AFP
