La justicia venezolana acusó a un miembro de la supuesta banda responsable de la masacre de 17 mineros en una apartada zona de explotación de oro del sureste de ese país, que se suma a otros cinco imputados por el caso, informó este lunes la fiscalía.
El Ministerio Público acusó a Francisco Carache Zambrano de «ser el presunto coautor de los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en perjuicio de las 17 víctimas, robo agravado, privación ilegítima de libertad y robo de vehículo automotor».
Se presume que Carache es uno de los «lugartenientes» de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias ‘El Topo’, ciudadano ecuatoriano señalado como «el cabecilla de la organización paramilitar con fines políticos» a la que se atribuye la matanza, señaló el ministro del Interior, Gustavo González.
Carache fue detenido el pasado viernes en San Pedro de Lagunillas, estado Zulia, en el noreste de Venezuela, mientras que la masacre ocurrió en el extremo opuesto, en Tumeremo, estado Bolívar (suroeste).
Pobladores de Tumeremo denunciaron el pasado 4 de marzo la desaparición de 28 obreros que se hallaban en una mina de oro y que, según testigos citados por autoridades, fueron asesinados por un grupo criminal que pretendía tomar el control del yacimiento.
La semana pasada, la fiscal general Luisa Ortega anunció el hallazgo de una fosa común de 30 km en el casco urbano de esa localidad con los restos de 17 personas, 16 de ellas con disparos en la cabeza y una con una herida en el pecho.
Por el caso ya fueron detenidas otras cinco personas, dos de ellas de nacionalidad colombiana. Las autoridades siguen tras la pista de Ulloa Suárez.
La ONG de derechos humanos Cofavic ha denunciado que en Bolívar se han cometido masacres que quedaron en la impunidad por una ley de silencio que imponen los criminales.
El gobernador de ese estado, Francisco Rangel, admitió que la presencia de bandas delincuenciales en la región no es nueva y cree que se empezará a corregir con un censo minero y los proyectos de explotación de oro que plantea desarrollar el gobierno en el llamado Arco Minero, junto con empresas extranjeras.
AFP
