El negocio de la explotación ilegal de las minas de Guayana es controlado por militares y policías, asociados con guerrilleros, paramilitares, garimpeiros y hasta pranes
En las últimas semanas, Tumeremo ha sido una de las localidades más populares de Venezuela por los lamentables sucesos de los mineros ajusticiados.
Me pregunto si el gobierno conocía lo ocurrido y prefirió callarlo durante cuatro días, para no empañar los actos conmemorativos de la muerte de Chávez, mientras los familiares de las víctimas lloraban a sus deudos.
El negocio de la explotación ilegal de las minas de Guayana es controlado por militares y policías, asociados con guerrilleros, paramilitares, garimpeiros y hasta pranes.
Por ello me atrevo a decir que lo ocurrido en el precitado lugar no fue un «enfrentamiento entre bandas» como quisieron hacer ver algunos voceros del régimen, sino una masacre, en la cual la banda con mayor cantidad de poder de fuego, fue la que fulminó a la otra.
El botín es ciertamente jugoso, allí lo que hay es oro, diamantes y coltán. Y los extraen sin pagar impuestos, ni regalías, sin normas, ni autoridades que los obliguen a proteger el medio ambiente, y luego los contrabandean y comercializan a otros países. ¿Quiénes se reparten esas ganancias? Esta es una de las preguntas que me hago y que pudieran quedar en el aire.
Todo esto me recuerda la masacre del Amparo y la desaparición de estudiantes en México, así como la irresponsable actuación de los respectivos gobiernos en ambos casos.
Existe una gravísima afirmación de un sobreviviente, según la cual, cuerpos de seguridad del Estado les habrían disparado. No hay muertos sin dolientes. Nadie finge la muerte de un familiar para molestar a los gobernantes.
Lo que sí he podido recoger de familiares de las víctimas y personas que vivieron de cerca los lamentables sucesos de Tumeremo, es que el gobernador Rangel Gómez encubre los hechos desde el principio; bajo el signo de dos hipótesis: si no tiene conocimiento de cuánto ocurre en ese mundo sórdido de las mafias del oro en todo el arco minero del Orinoco; o por el contrario, sabe y en consecuencia es cómplice. Cualquiera de las son conclusiones son graves.
En conversación con el diputado Américo de Grazia, presidente de la comisión especial de la AN que investiga el caso de los desaparecidos de Tumeremo, nos cuenta que muchos de los testigos aseveran haber visto 28 cadáveres, de los cuales reconocieron 17 como originarios de Tumeremo y el resto no los reconocieron. De hecho fueron 17 los cadáveres ubicados en la fosa común. ¿Faltan aún por ubicar otros cuerpos provenientes de esta masacre? Es probable, pero hasta ahora nadie los ha reclamado.
Existen suficientes testigos que afirman la complicidad de funcionarios del Cicpc, al menos 3 de ellos, que escoltaron el camión que transportó los cadáveres de una mina a otra.
Estos eventos no son nuevos, pues los lugareños aseguran que vienen ocurriendo masacres similares desde el año 2006 hasta la fecha, en las minas de Las Claritas, El Dorado, El Callao, Guasipati, El Manteco y La Paragua.
La masacre de Tumeremo quizás no sea la más numerosa que se conozca, pero si la que reportó nombres, familias y dolientes, lo cual le ha dado otro matiz a la tragedia.
Lo que sí es cierto es que los bolivarenses cerraron la vía y han hecho múltiples protestas ante la indolencia y la complicidad de todas las instituciones de seguridad involucradas que operan en el estado del sur de Venezuela.
Se ha identificado al autor material de la masacre, ahora la tarea es identificar al autor material.
¿Será que esta «limpieza minera» guarda relación con la adjudicación oficial del arco minero del Orinoco a más 150 empresas transnacionales? Es una de las preguntas que muchos venezolanos nos hacemos. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
“Existen suficientes testigos que afirman la complicidad de funcionarios del Cicpc, al menos 3 de ellos, que escoltaron el camión que transportó los cadáveres de una mina a otra…”
Omar Ávila
@omaravila2010
