El presidente Nicolás Maduro envió el pasado 17 de marzo al Tribunal Supremo de Justicia el proyecto de reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) que redactó la Asamblea Nacional. Así lo informó la Agencia Venezolana de Noticias.
Corresponde a la Sala Constitucional del TSJ evaluar si la ley está de acuerdo con la Carta Magna. Si falla en contra, la propuesta no podrá ejecutarse.
El propósito del proyecto, según han explicado diputados opositores, es revertir los cambios a la ley que Maduro decretó vía habilitante.
Se pretende así devolver a la AN sus facultades de control sobre el ente emisor, incluyendo la participación en el nombramiento de los directivos del banco y el derecho a exigirle a la institución información que considere de interés.
Dado el historial de decisiones favorables al Ejecutivo por parte del TSJ, es altamente probable que este deseche la anulación de cambios que el propio Maduro ordenó.
El artículo 214 de la Constitución nacional establece que cuando «el presidente de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma».
La Constitución le otorga al TSJ 15 días, a partir del momento de recibir la comunicación del Ejecutivo, para que se pronuncie.
YM