Se debe recordar una vez más -y cuantas veces sea necesario- el carácter legítimo de la representación popular que los diputados ostentan
Tras una intensa sesión que fue seguida con sumo interés por todo el país, la Asamblea Nacional aprobó finalmente y en su segunda discusión, la tan esperada ley de Amnistía, que se había convertido en una de sus propuestas fundamentales para la campaña electoral que renovó al Poder Legislativo.
Desde hace mucho tiempo viene creciendo en el inconsciente colectivo venezolano la idea de que esta ley es la llave para abrir las puertas a una mayor pacificación del país, en medio de la tensa situación en la que vivimos los venezolanos, y que se prolonga mucho más allá de lo imaginable.
Las voces de protesta desde factores opuestos al gobierno se han alzado pacíficamente y con la razón por delante, al asistir al lamentable espectáculo de un grupo de venezolanos apresados por estar en la acera política contraria, por haber salido a protestar, por haberse visto involucrados en hechos de violencia no suficientemente aclarados y por no haber sido beneficiarios -como lo garantizan nuestras leyes- de un proceso imparcial y justo.
El desequilibrio de la justicia recalienta la indignación y la impotencia del venezolano. Mientras en la cotidianidad asistimos al delito como parte de nuestra vida diaria; por otro lado padecemos por el hecho de la reclusión en condiciones por demás inadecuadas de personas perseguidas por sus ideas, mientras otros decidieron abandonar el país al sentirse víctimas de una persecución injustificada y donde llevan todas las de perder.
El movimiento que ha crecido alrededor de esta iniciativa, incorpora los más diversos matices de la sociedad venezolana, al tratarse de la punta del iceberg de la compleja situación país que nos está tocando vivir en estos tiempos.
El mencionado Proyecto de Ley fue sometido a consulta pública, habiéndose incorporado en dicha consulta a las ONG en materia de derechos humanos, organizaciones de personas víctimas de la violencia en todas sus formas, organizaciones públicas y privadas, sectores interesados y a la colectividad en general.
Por su parte, el presidente de la república, Nicolás Maduro, afirmó que no aceptará la ley de Amnistía, y alegó que “están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas, la verdad, tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa caballero, que lo sepa la derecha nacional e internacional, leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán, por aquí no pasan, hagan lo que hagan», según nota de la página web del canal oficialista Telesur.
Las afirmaciones del primer magistrado nacional tienen unos cuantos matices extremadamente delicados. En primer lugar, porque está usurpando funciones del poder judicial y se abroga la potestad de juzgar y condenar a ciudadanos venezolanos, muchos de los cuales ni siquiera han tenido el derecho de un juicio justo y menos de una sentencia.
Adicionalmente, somete al escarnio público a personas sobre quienes puede y debe pesar aún la presunción de inocencia que en toda sociedad civilizada se estila antes del comienzo de los juicios que se han retrasado indebidamente.
Por si fuera poco, desde el Ejecutivo nacional se fractura una vez más la convivencia con el poder Legislativo, otro episodio más de un hábito de conducta que se ha instaurado desde que el Parlamento nacional selló su independencia en diciembre pasado; ya que en el período anterior era evidente la coordinación entre ambos poderes, desdiciendo así la razón de ser de la Asamblea Nacional.
Se debe recordar una vez más -y cuantas veces sea necesario- el carácter legítimo de la representación popular que los diputados ostentan, tras haber llegado a esa posición por el voto, ampliamente favorecedor de una opción alternativa a quienes hoy ocupan el Ejecutivo.
Desconocer esta autoridad y esta representación es desconocer también los usos democráticos y abrir una nueva herida que a nadie conviene y que generará profundos daños a los ya múltiples y difíciles de reparar que hemos ido coleccionando en los últimos años.
En este sentido, desde el oficialismo harían bien en escuchar afirmaciones como las del exministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien aseguró recientemente que Venezuela está en una etapa donde necesita perdonar porque debe acabarse el resentimiento entre la oposición y el gobierno.
Citó como ejemplo de diálogo a Cuba, que recientemente sostuvo encuentros con Estados Unidos, y a Colombia, que ha llegado a acuerdos de paz con las FARC, agregando: “Entonces, ¿cómo es que nosotros no podemos pasar la página de odio y sentarnos a buscar soluciones?”
Nos falta esa respuesta. ¿Por qué enemigos de muchos más años y con mucha más sangre de por medio han logrado sentarse a dialogar y los dos grupos mayoritarios de este país no pueden hacerlo? La polémica ley de Amnistía está sirviendo la oportunidad en bandeja de plata.
David Uzcátegui
