El doctor Juan Carlos Apitz, expresidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, llamó al Gobierno Nacional a asumir una posición verdaderamente ecuánime con respecto a la realidad política y la crisis económica
Juan Carlos Apitz , profesor universitario y expresidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, teme que Venezuela se acerca al precipicio de una explosión social, como consecuencia del secuestro de todos los Poderes Públicos por parte del Poder Ejecutivo. Pero recomienda una salida constitucional y pacífica ante la actual crisis.
Resultados del 6D
–¿Cuál es su opinión como ciudadano y como jurista sobre los momentos que vive Venezuela?
–Yo siento que el Gobierno no termina de asimilar los resultados electorales del pasado 6 de diciembre y está buscando atajos para arrinconar a la democracia con ese saboteo constante que le tiene montado a la Asamblea Nacional utilizando el Tribunal Supremo de Justica, el cual, como todo el mundo sabe, es un apéndice del PSUV. Lo que sucede con el Poder Ejecutivo es que no quiere aceptar la derrota electoral y eso genera una serie de reacciones entre la gente que está en la calle, bien en ruta hacia sus trabajos o haciendo las colas para adquirir sus alimentos o medicinas. Ninguna de esas personas que se mantiene en la calle está dispuesta a apoyar las decisiones que emanan del Poder Ejecutivo. Hoy más que nunca el gobierno se está atrayendo para si todos los rechazos de la sociedad por ese afán de perseguir a la Asamblea Nacional.
Agrega Apitz que “cada día que pasa, el Poder Judicial pierde más legitimidad y aquí hay que recordar que como la legitimidad del Presidente descansa en los votos, porque es un funcionario electo por votación directa y secreta, la legitimidad de la Asamblea Nacional también descansa en el voto”.
–¿Sobre qué descansa la legitimidad del poder judicial?
–No es sobre los votos sino sobre dos postulados: sobre su independencia y sobre su apego a la constitución y las leyes. Y eso no está pasando. Y es por eso que ningún venezolano confía en el Poder Judicial y particularmente en el TSJ, porque por sus actuaciones no demuestran su independencia ni su imparcialidad ni su apego, como es su deber, a las leyes. Eso es lo que yo analizo en estos momentos sobre lo que está Venezuela. Tenemos un Poder Ejecutivo arrastrando a los otros Poderes Públicos por ese corralito o ese secuestro, y sus miembros al parecer no se han dado que están secuestrados. Y es así como el Presidente de la República arrastra al precipicio, al abismo, al resto de los Poderes Públicos.
Puntualizó que “la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Poder Público se vieron obligados por las evidencias públicas que reseñaron la casi totalidad de los medios de comunicación del país, a atender la llamada Masacre de Tumeremo, la cual fue negada al principio, incluso por la Gobernación del Estado Bolívar. No pudieron ignorar más aquello y tuvieron que abocarse a las respectivas investigaciones. También pregunto por las acciones de la Contraloría General de la República. ¿Cuántos casos de denuncias de corrupción hay, y cuántos han sido fallados?”
“Lamentablemente por ese corralito o secuestro de los Poderes Públicos que existe en Venezuela, por esa colonización del PSUV con todos los poderes Públicos, hemos llegado a un precipicio que no es que le haga únicamente daño a la oposición, sino que eso afecta gravemente a la democracia venezolana, al país entero”.
–¿El Presidente puede disolver la Asamblea Nacional?
-Sí, eso puede pasar cuando se presentan los votos de censura de la Asamblea Nacional, en dos oportunidades, al vicepresidente de la República. Pero eso no es lo que está planteado en este momento. Lo que sí está planteado es que la Asamblea Nacional exige respeto hacia sus competencias legales que establece la misma Constitución de 1999.
–Pero hay tres sentencias del TSJ contra el accionar de la Asamblea Nacional.
–Ha habido, desde diciembre para acá, tres sentencias del TSJ que más que acorralar a la Asamblea Nacional lo que han hecho es golpear a la democracia. Primero fue la sentencia sobre los disputados electos en el estado Amazonas, que le arrebató la representación popular al estado Amazonas, lo cual es inconcebible en una democracia participativa como la que debemos tener en Venezuela. Amazonas no tiene representación en la AN porque la sala electoral del TSJ, en una jugada truculenta, así lo decidió, y además ha rechazado el informe del CNE. Luego viene la otra sentencia donde se le da legalidad del Decreto sobre Emergencia Económica, alegando que la Asamblea Nacional no había cumplido con los lapsos perentorios de la ley. Y la más reciente sentencia desconoce la legalidad de la Asamblea Nacional, una sentencia que está violando incluso las normas internas del mismo TSJ. Todo demuestra, hasta ahora, que han aplicado a la Asamblea Nacional lo mismo que le hicieron a la Alcaldía Metropolitana, para dejarla sin autoridad. ¿A quién le hacen daño? ¿A la oposición? No, a la democracia misma.
–¿Hasta dónde podemos llegar con esto que hace el Gobierno, según su análisis?
–No quieren aceptar a la voluntad popular expresada en los comicios del pasado 6 de diciembre. Y eso lo que hace es desatar los demonios de la violencia social generalizada.
–¿Violencia social generalizada?
–Sí, a una violencia social generalizada y aquí quiero que los especialistas interpreten lo que está pasando en la psiquis de los venezolanos. Deben interpretar los sucesivos linchamientos que se están presentando en los barrios populares y en las urbanizaciones cuando los supuestos malandros son capturados por sus eventuales victimas. Eso no está permitido en ningún sistema judicial del mundo, pero aquí eso se está efectuando públicamente y las reacciones de las autoridades son nulas o no existen.
–¿Qué revela eso?
–Hay un agobio de la ciudadanía ante la falta o ausencia de justicia o de autoridad, hay un exceso de tensión emocional de la ciudadanía en todos los sectores sociales y por eso está pasando eso. Los Poderes Públicos no están entregados a sus tareas, especialmente los jueces, que ahora se han dedicado a perseguir la disidencia política. Y con eso se abona al terreno a la impunidad y la impunidad multiplica la delincuencia.
–¿Y se puede llegar así a un reventón social como en épocas anteriores?
–Yo creo que si el Gobierno no asume una posición verdaderamente ecuánime y asume la realidad política y la crisis económica, lamentablemente aquí habrá un reventón. Y a eso contribuyen también las colas que se hacen día a día para comprar los alimentos.
–¿Cuál es su análisis del problema económico?
–Que es peor todos los días y es un problema que no se ha estudiado bien. El Gobierno no tiene una política económica definida, y además prosigue con el control de cambio y el control de precios. Todo control de precios genera una mafia que beneficia a los que están alrededor. Si no se toman la medidas convenientes, siempre habrá ese problema. Y así llegamos al desabastecimiento y aparecen además los profesionales del bachaqueo, con lo que se afectan los sueldos. No hay control de precios como tal, el precio lo pone la necesidad de las personas y por eso ahí están los bachaqueros.
–¿Qué solución propone ante esa compleja situación que usted analiza?
–Hay que buscar la salida democrática y política para evitar un reventón social, porque un reventón social no es más que una guerra civil que daña a todos, una guerra de la cual todos salimos afectados y eso podría generar hasta intervenciones extrajeras, de unos y otros, para apoyar a los bandos en una siniestra aventura política.
–¿Y los militares qué hacen o qué pueden hacer?
–Sí, hay que preguntarse qué hacen, pero yo también repregunto qué hace toda la familia militar, porque hasta ahora han marchado de acuerdo a las normas constitucionales y los dictados de sus mandos.
UCV en cierre técnico
–¿En qué consiste el cierre técnico de la UCV que ha sido advertido por las autoridades rectorales?
–En que a la UCV la han obligado a cerrar sus puertas y a suspender sus actividades. No hay dinero y no puede realizar sus actividades de docencia ni de investigación. Si el Gobierno no entrega las partidas presupuestarias, hay que suspender todo. Además, los espacios de la UCV están desprovistos de la seguridad necesaria para su funcionamiento. Lo más reciente fue el asalto y saqueo de todas las instalaciones del Instituto de Medicina Tropical, el cual prácticamente quedó en la ruina, sin contar los frecuentes asaltos a los estudiantes en sus aulas.
“El Gobierno no termina de asimilar los resultados electorales del pasado 6 de diciembre y está buscando atajos para arrinconar a la democracia con ese saboteo constante que le tiene montado a la Asamblea Nacional…”
Juan Carlos Apitz
E.A. Moreno-Uribe
Fotos Giovanni Martínez
